La administración de Donald Trump concentra una riqueza sin precedentes recientes: 57 de sus funcionarios poseen patrimonios de al menos 100 millones de dólares, según un informe de Public Citizen. La cifra supera en más de cuatro veces el total combinado registrado durante las administraciones de George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden. El dato adquiere especial relevancia porque ocho de los 23 integrantes del gabinete de Trump entran en esa categoría, incluidos multimillonarios como Howard Lutnick y Linda McMahon. Además, otros funcionarios de alto nivel, entre ellos Stephen Feinberg y Kelly Loeffler, también figuran entre los más acaudalados. Esta concentración de riqueza abre un debate sobre la influencia que puede ejercer la élite económica en las decisiones públicas.

El informe contabiliza a 17 embajadores y otros 40 funcionarios que ocupan cargos de alto nivel dentro del Poder Ejecutivo. En contraste, los gobiernos de Bush y Biden tuvieron cinco integrantes con patrimonios de 100 millones de dólares o más, mientras que la administración de Obama registró tres. Trump ha defendido abiertamente su decisión de recurrir a empresarios y personas con grandes fortunas, al considerar que su éxito financiero demuestra capacidad para negociar y dirigir. Sin embargo, Public Citizen advierte que una presencia tan amplia de ultrarricos puede generar conflictos de interés y favorecer políticas alineadas con los sectores de mayores ingresos. La discusión, por tanto, no se limita al tamaño de las fortunas, sino al poder que estas podrían tener dentro del gobierno.

La dimensión económica de la administración también incluye figuras cuyos patrimonios alcanzan cientos o miles de millones de dólares. Entre los nombres mencionados aparecen Scott Bessent y Steve Witkoff, mientras que Trump, cuya fortuna Forbes calcula en más de 6 mil millones de dólares, no forma parte del conteo. Tampoco aparece Elon Musk, quien asesoró al presidente en su intento por reducir el tamaño del gobierno federal y cuya riqueza supera ampliamente la de los funcionarios incluidos. En este contexto, los ultrarricos en el gobierno de Trump representan una apuesta clara por incorporar experiencia empresarial al poder público. El desafío será determinar si esa estrategia se traduce en mejores resultados económicos para la población o profundiza la percepción de que las decisiones favorecen a quienes ya concentran mayores recursos.

La polémica llega además cuando Trump enfrenta un escenario económico y político más complicado. De acuerdo con los datos citados en el informe, solo 32% de los adultos estadounidenses aprobaba en ese momento su manejo de la economía, frente a 40% al inicio de su segundo mandato. El deterioro del respaldo económico podría convertirse en un problema para los republicanos mientras buscan conservar sus mayorías en el Congreso durante las elecciones de noviembre. Trump ha impulsado medidas relacionadas con inteligencia artificial, regulación financiera, impuestos e inversiones que pueden beneficiar a grandes capitales, mientras sostiene que una mayor actividad empresarial puede impulsar el crecimiento. Así, la composición de su administración coloca nuevamente en el centro una pregunta clave: quiénes terminan beneficiándose de las decisiones tomadas desde la Casa Blanca.