Al menos 13 personas murieron y otras siete resultaron heridas tras un derrumbe en una mina de oro a cielo abierto en una zona rural de Policarpa, en el departamento colombiano de Nariño. El accidente ocurrió la noche del miércoles y movilizó a organismos de socorro y habitantes de la zona, quienes participaron en las labores de rescate hasta la madrugada del jueves. Las autoridades confirmaron que el colapso de un talud provocó la tragedia mientras varias personas trabajaban en el lugar. El caso vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad de la minería en esta región del suroeste de Colombia, donde la actividad informal e ilegal representa un riesgo constante para los trabajadores.

El director de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, Gabriel Eduardo Ocaña, explicó que el desprendimiento afectó directamente a los trabajadores que se encontraban en la mina. Siete personas sobrevivieron al accidente con heridas y recibieron atención, mientras los equipos de emergencia concluyeron la búsqueda de las víctimas mortales durante las primeras horas del jueves. Por su parte, el secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Gámez, señaló a Caracol Radio que la explotación funcionaba de manera ilegal y utilizaba retroexcavadoras. Esta modalidad aparece con frecuencia en esa zona del departamento, ubicada cerca de la frontera con Ecuador. El uso de maquinaria pesada en terrenos inestables puede aumentar los riesgos de nuevos colapsos.

El accidente también reaviva la preocupación por la minería ilegal en Nariño, una actividad que las autoridades relacionan con otros problemas de la región. Los operativos contra estos sitios son frecuentes debido a que, según las autoridades, algunas explotaciones alimentan las economías ilícitas de grupos armados y provocan daños ambientales. Además, el uso de sustancias como el mercurio representa una amenaza para los ecosistemas y las comunidades cercanas. En este contexto, la tragedia de Policarpa no solo deja un saldo mortal, sino que evidencia las dificultades para controlar actividades extractivas que operan al margen de la regulación. El caso podría impulsar nuevas acciones de vigilancia y control en una zona donde la minería informal continúa siendo un desafío para las autoridades.