La organización WOLA cuestionó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, al considerar que la defensa mexicana de la Doctrina Estrada pasa por alto la pérdida de derechos políticos de la población. Para la presidenta de WOLA, Carolina Jiménez, hablar de autodeterminación en Nicaragua resulta contradictorio cuando el gobierno ha perseguido a opositores, provocado el exilio de miles de personas y ahora busca impedir que los partidos contrarios participen en elecciones. El señalamiento cobra fuerza después de que México se abstuviera en la OEA ante una propuesta para convocar a cancilleres y discutir la crisis nicaragüense, una decisión que WOLA considera insuficiente ante la gravedad del escenario.

La crítica ocurre mientras la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por Ortega y Murillo, avanza en una reforma constitucional que restringiría la participación electoral de los partidos opositores. La iniciativa también plantea ampliar de seis a siete años el mandato de los llamados copresidentes y deberá ser ratificada por la próxima legislatura para entrar en vigor. Jiménez advierte que esta medida representa un precedente regional porque elimina una de las principales vías para que los ciudadanos decidan quién los gobierna. Además, recuerda que la crisis no comenzó con esta reforma: desde las protestas de 2018, organizaciones internacionales han documentado cientos de muertes, detenciones arbitrarias y otras violaciones graves de derechos humanos atribuidas al régimen.

En este contexto, WOLA considera que la autodeterminación en Nicaragua no puede analizarse únicamente desde el principio de no intervención, porque la población enfrenta restricciones que limitan su capacidad real para elegir a sus autoridades. Jiménez también acusa al gobierno mexicano de aplicar un doble estándar, al recordar su respaldo al expresidente peruano Pedro Castillo y las decisiones posteriores relacionadas con integrantes de su gobierno. México sostiene que su abstención en la OEA responde a los principios establecidos en la Doctrina Estrada y que ya manifestó su preocupación por las declaraciones de Ortega. Sin embargo, para WOLA, la situación nicaragüense exige una respuesta política más firme y coordinada entre los gobiernos democráticos del continente.

La posición de México también contrasta con la de otros países de la región. Mientras Brasil rechazó la propuesta impulsada por Estados Unidos, Uruguay y Guatemala respaldaron la convocatoria, que finalmente obtuvo 29 votos favorables en la OEA. Para WOLA, la falta de una respuesta regional contundente puede abrir espacio para que Washington asuma nuevamente el liderazgo frente a las crisis democráticas latinoamericanas. La organización sostiene que México y Brasil todavía podrían impulsar una estrategia común que combine presión diplomática y respaldo a los ciudadanos nicaragüenses. El debate, por tanto, va más allá de una diferencia entre gobiernos: pone sobre la mesa hasta dónde debe llegar el principio de no intervención cuando un Estado restringe de manera sistemática derechos fundamentales como votar, competir políticamente y elegir libremente a sus gobernantes.