La propuesta de Claudia Sheinbaum para restringir la doble nacionalidad de quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México abrió un nuevo debate constitucional. La iniciativa plantea que quienes ocupen esos cargos no puedan adquirir ni solicitar otra nacionalidad, utilizar un pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos ante otro Estado ni solicitar su protección diplomática. El constitucionalista Elisur Arteaga Nava considera que la medida puede resultar excluyente y generar problemas relacionados con la igualdad, el derecho a ser votado y la retroactividad de las leyes. Además, advierte que la reforma podría sentar un precedente para establecer nuevas restricciones a otros cargos de elección popular.

El anuncio presidencial surgió el 25 de agosto, cuando Sheinbaum cuestionó si una persona con doble nacionalidad debería gobernar una entidad o incluso ocupar la Presidencia. La mandataria argumentó que, en esos casos, debe existir una sola lealtad nacional y vinculó la propuesta con la defensa de la soberanía mexicana. Sin embargo, la Constitución ya establece reglas específicas para quienes buscan determinados cargos. El artículo 32 señala que algunas funciones reservadas a mexicanos por nacimiento corresponden a quienes no hayan adquirido otra nacionalidad, mientras que el artículo 82 establece los requisitos para ocupar la Presidencia. Por ello, la discusión no parte de un vacío legal, sino de la intención de ampliar las restricciones existentes.

La iniciativa también contempla modificar los artículos 82, 116 y 122 para establecer nuevas obligaciones a quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno capitalina. De acuerdo con la explicación de la consejera jurídica Luisa María Alcalde, la propuesta impediría que quienes ejerzan esos cargos adquieran o soliciten otra nacionalidad o invoquen ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana. También prohibiría utilizar un pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, ejercer derechos políticos ante éste o acogerse a su protección diplomática. Para Arteaga Nava, la doble nacionalidad no debería convertirse en un criterio para excluir de manera general a ciudadanos del ejercicio de sus derechos políticos.

El debate adquirió una dimensión política por el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien Sheinbaum mencionó al plantear la reforma. La discusión ocurre además en un contexto de señalamientos contra distintos integrantes de la clase política mexicana y de tensiones relacionadas con Estados Unidos. No obstante, el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, sostuvo que García Cabeza de Vaca enfrentaría otros impedimentos para competir por un cargo de elección popular, entre ellos una orden de aprehensión y la posible falta del requisito de residencia. De esta manera, la reforma sobre nacionalidad no sería, por sí sola, el único elemento que determinaría la eventual elegibilidad del exmandatario.

Para Arteaga Nava, el principal riesgo consiste en que una modificación dirigida inicialmente a la Presidencia y a los gobiernos estatales termine ampliándose a otros puestos públicos. El constitucionalista advierte que podrían surgir propuestas similares para legisladores, funcionarios federales, integrantes del Poder Judicial y otros servidores públicos. También sostiene que aplicar nuevas restricciones a personas que ya cuentan con doble nacionalidad podría abrir una discusión sobre el artículo 14 constitucional y la prohibición de aplicar leyes de manera retroactiva. La iniciativa todavía necesita la aprobación del Congreso y, posteriormente, cambios a la Ley de Nacionalidad. Su discusión será relevante porque definirá hasta dónde puede llegar el Estado al establecer requisitos adicionales para quienes buscan ejercer cargos públicos sin limitar derechos políticos de los ciudadanos.