Argentina anunció una denuncia contra Navitas y otras empresas vinculadas con proyectos de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, al considerar que sus actividades cuentan con licencias otorgadas por Reino Unido sin autorización de Buenos Aires. El Gobierno de Javier Milei señaló que llevará el caso a la Justicia bajo la Ley 26.659, que establece restricciones para compañías involucradas en la exploración o explotación de recursos naturales en las islas disputadas. La medida busca reforzar la posición argentina sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de sus espacios marítimos. Para Buenos Aires, la disputa no solo involucra soberanía territorial, sino también el control de recursos energéticos estratégicos.

La denuncia alcanzará a varias sociedades relacionadas con Navitas Petroleum, así como a JHI Associates Inc., con sede en Canadá, y a su accionista Eco Atlantic Oil & Gas Ltd. El Gobierno argentino también pretende que la investigación determine las responsabilidades de directivos, administradores, representantes y otras personas que hayan participado en las actividades cuestionadas. Según la Casa Rosada, estas empresas habrían obtenido permisos de las autoridades británicas para desarrollar tareas de exploración o explotación de hidrocarburos en la zona. Buenos Aires sostiene que esas autorizaciones vulneran la legislación argentina y, por ello, busca utilizar las herramientas judiciales disponibles para impedir que terceros exploten recursos que considera pertenecientes al país.

En este contexto, la denuncia contra Navitas forma parte de una ofensiva más amplia del Gobierno de Milei para endurecer las medidas frente a proyectos petroleros desarrollados en las Malvinas sin consentimiento argentino. Días atrás, el Ejecutivo anunció un decreto destinado a acelerar las sanciones contra empresas y personas vinculadas con esas actividades. Posteriormente, las autoridades iniciaron procedimientos contra 45 compañías e individuos relacionados con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago. Estas acciones elevan la presión sobre las firmas que operan en el área y podrían generar nuevos conflictos jurídicos y diplomáticos con Reino Unido, que mantiene el control efectivo de las islas desde 1833.

El anuncio también coincidió con un escenario diplomático particularmente sensible entre Argentina, Reino Unido e Israel. Ese mismo día, Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Interior de Israel y dirigente del partido ultraderechista Hogar Judío, planteó que su país debería reconocer las Malvinas como territorio argentino ocupado por Reino Unido. Su propuesta respondió, según sus declaraciones, al cambio de postura anunciado por Londres respecto de Israel. Aunque la iniciativa no implica un reconocimiento oficial de las autoridades israelíes, su coincidencia temporal con la decisión argentina añadió un elemento internacional a una disputa históricamente marcada por posiciones diplomáticas contrapuestas y por el interés creciente en los recursos energéticos del Atlántico Sur.

Además de las acciones judiciales, el Gobierno argentino busca reforzar su presencia estratégica en el extremo austral del país. Milei anunció la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y el fortalecimiento de las capacidades de telecomunicaciones. La Presidencia también instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para priorizar en el Presupuesto Nacional de 2027 los recursos destinados a esa infraestructura y a otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional. Con estas decisiones, Buenos Aires intenta combinar presión legal, capacidad estatal y presencia territorial para respaldar su reclamo sobre las islas. La disputa por las Malvinas, por tanto, vuelve a vincular soberanía, seguridad y recursos naturales en una misma estrategia gubernamental.