Estados Unidos y Canadá aceleraron este lunes las negociaciones para evitar que entren en vigor nuevos aranceles de 50% contra productos canadienses por un valor de unos 20 mil millones de dólares. La medida, prevista para las primeras horas del miércoles, amenaza con elevar todavía más la tensión entre dos países que durante décadas han mantenido una estrecha relación comercial, política y militar. El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó que las conversaciones avanzan bajo una fuerte presión y pidió mantenerlas en privado. En este escenario, ambos gobiernos intentan encontrar una salida antes de que los nuevos gravámenes golpeen productos como palos de hockey, madera y otros bienes destinados al mercado estadounidense.

La disputa ocurre mientras crece el rechazo de la población canadiense hacia la política comercial de Donald Trump y sus reiteradas declaraciones sobre convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos. Una petición para expulsar al embajador estadounidense, Pete Hoekstra, ya había reunido casi 218 mil firmas desde el 21 de julio. Sin embargo, el conflicto trasciende el terreno político y podría tener consecuencias económicas importantes para ambos países. Cerca de 72% de las exportaciones de bienes de Canadá tuvieron como destino Estados Unidos el año pasado, mientras millones de personas y mercancías cruzan diariamente la frontera. Por ello, una nueva escalada comercial podría afectar cadenas de suministro, empresas y consumidores a ambos lados.

El riesgo de nuevos aranceles a Canadá también funciona como una herramienta de presión para la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La administración de Trump busca obtener concesiones de Ottawa en áreas estratégicas, entre ellas la compra de equipo militar estadounidense, la participación canadiense en el proyecto de defensa antimisiles conocido como “Cúpula Dorada” y un mayor acceso a minerales críticos. Canadá, por su parte, busca reducir los gravámenes estadounidenses sobre el acero, el aluminio y la madera blanda. En este contexto, el primer ministro Carney enfrenta un dilema: necesita avanzar hacia un acuerdo, pero también debe evitar que cualquier concesión sea percibida por los canadienses como una muestra de debilidad frente a Washington.

La amenaza arancelaria adquiere además una dimensión histórica porque Trump recurrió a una disposición de la Ley Arancelaria de 1930 para justificar los nuevos impuestos, una herramienta que nunca se había utilizado antes. La llamada Sección 338 permite al presidente estadounidense imponer aranceles de hasta 50% cuando considera que otro país discrimina a empresas de Estados Unidos. El gobierno canadiense podría responder con nuevas medidas de represalia si Washington mantiene su decisión, lo que elevaría el costo de la disputa justo cuando ambos países necesitan estabilidad para renegociar su acuerdo comercial. Por ahora, las conversaciones continúan y los funcionarios mantienen cautela, pero el desenlace podría definir el tono de la relación económica entre ambos vecinos durante los próximos meses.