Durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, las finanzas públicas registraron un sobreejercicio significativo que evidenció tensiones en la planeación presupuestaria y en la ejecución del gasto federal. La frase clave sobreejercicio del gasto público describe con precisión el fenómeno que llevó a rebasar el presupuesto aprobado, generando cuestionamientos sobre la disciplina fiscal y el manejo de los recursos en un contexto económico complejo.
De acuerdo con la Cuenta Pública 2025 entregada a la Cámara de Diputados, el gasto total del sector público alcanzó una cifra considerablemente mayor a la autorizada originalmente, lo que refleja una diferencia sustancial entre lo planeado y lo ejercido. Este incremento implicó que el sobreejercicio del gasto público se tradujera en un aumento relevante de la deuda, que alcanzó niveles históricos al cierre del periodo fiscal analizado.
El informe elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalla que el gasto programable concentró la mayor parte de las ampliaciones presupuestarias, destacando incrementos importantes en ramos administrativos y en empresas productivas del Estado como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, las cuales recibieron recursos adicionales para sostener operaciones estratégicas y proyectos prioritarios.
Dentro del sector energético, Pemex absorbió una cantidad destacada de recursos que se destinaron a actividades de investigación, innovación tecnológica y উন্ন procesos de extracción, a pesar de enfrentar adeudos con proveedores. Este enfoque revela una apuesta gubernamental por fortalecer la capacidad productiva, aunque también genera dudas sobre la eficiencia del gasto en un entorno financiero presionado por compromisos acumulados.
En otros rubros, el financiamiento al Fondo Nacional de Infraestructura permitió impulsar proyectos de obra pública, mientras que programas como IMSS-Bienestar recibieron ampliaciones para garantizar nómina y operación. Asimismo, las aportaciones federales ayudaron a gobiernos estatales a cubrir compromisos salariales, especialmente en el sector educativo, lo que evidencia la dependencia de recursos federales para sostener obligaciones locales.
A pesar del incremento general del gasto, varias dependencias enfrentaron recortes significativos que afectaron su capacidad operativa, entre ellas la Secretaría de Salud y la Sedatu, que registraron disminuciones importantes respecto a sus presupuestos originales. En contraste, la Secretaría de Bienestar consolidó su prioridad dentro del gasto público al recibir recursos adicionales destinados a programas sociales, reforzando la estrategia gubernamental enfocada en transferencias directas.