La reforma indígena en México enfrenta fuertes cuestionamientos de académicos, abogados y representantes comunitarios, quienes señalaron ambigüedades, omisiones y una falta de consenso en la iniciativa de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Durante un seminario del INAH, 13 especialistas analizaron la propuesta promovida por el Poder Ejecutivo y operada por el INPI y la Secretaría de Gobernación. Los participantes advirtieron que el proyecto podría limitar la libre determinación de las comunidades y trasladar decisiones fundamentales hacia estructuras burocráticas del Estado. Además, cuestionaron la legitimidad del proceso de consulta y alertaron sobre posibles efectos en la autonomía, el territorio y la gestión del patrimonio cultural de los pueblos.
Uno de los principales reclamos surgió desde las comunidades que defienden su territorio. Miguel López, integrante de los Pueblos Unidos de los Cholultecas y los Volcanes, sostuvo que la autonomía implica decidir sobre el presente y futuro de los pueblos, así como sobre sus territorios, recursos, organización política y formas de vida. Desde esa perspectiva, cuestionó que las reuniones oficiales se presenten como consultas cuando, a su juicio, no respetan los mecanismos propios de decisión comunitaria. También rechazó la propuesta legislativa y aseguró que la resistencia continuará incluso si el texto final excluye o modifica el reconocimiento de determinados pueblos. Su testimonio colocó en el centro del debate la distancia entre el reconocimiento jurídico y el ejercicio efectivo de la autonomía.
Las críticas también alcanzaron los mecanismos contemplados por la iniciativa. Los especialistas advirtieron que un fondo estatal para administrar regalías y la certificación federal de “artesanas tradicionales” podrían reducir la capacidad de los pueblos para gobernar su patrimonio y decidir sobre su aprovechamiento. En ese contexto, la reforma indígena en México también fue cuestionada por su Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, al considerar que puede convertir prácticas autónomas y cambiantes en categorías rígidas. Asimismo, investigadores del INAH lamentaron que el proyecto no incorporara suficientemente una perspectiva histórica y antropológica. Para los participantes, reconocer derechos sin garantizar las condiciones para ejercerlos puede terminar fortaleciendo mecanismos de control en lugar de ampliar la autonomía.
Otro punto de disputa fue la consulta realizada para respaldar la propuesta. El INPI ha difundido una participación de alrededor de 33 mil personas en asambleas; sin embargo, durante el seminario se presentó información de la plataforma Indígenas 3D que documenta el rechazo de 184 mil personas de al menos 112 comunidades. Los especialistas también señalaron que persiste la falta de consenso en al menos cinco entidades del país. A ello se sumó la preocupación por el tratamiento conjunto de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, debido a sus diferentes trayectorias históricas y culturales. La discusión, por tanto, no se limita al contenido de una ley: también cuestiona quién participa en su construcción y bajo qué condiciones puede considerarse legítimo el consenso.
Pese a las objeciones, algunos participantes consideraron poco probable que las críticas detengan el proceso legislativo. María Elisa Velázquez anticipó que la iniciativa será aprobada y planteó que, una vez vigente, comenzaría una nueva etapa de resistencia mediante recursos judiciales, incluidos amparos. Bolfy Cottom coincidió en que la correlación política permitiría avanzar el proyecto, pero defendió la importancia de dejar constancia de las objeciones formuladas desde la academia y las comunidades. En este contexto, el debate podría trasladarse de las mesas de análisis a los tribunales y a los propios territorios. El alcance de la futura ley dependerá, en buena medida, de cómo respondan las comunidades frente a las nuevas reglas y de la capacidad institucional para garantizar una participación realmente efectiva.