México enfrenta un reto clave rumbo a 2027: impulsar el crecimiento económico sin profundizar su dependencia de los combustibles fósiles. En este contexto, el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) advirtió que una transición energética justa será indispensable para alcanzar una verdadera soberanía económica. La organización señaló que apenas 1.5 centavos de cada peso del gasto público previsto para 2027 se destinarán a enfrentar el cambio climático, mientras que Petróleos Mexicanos (Pemex) recibirá por sí solo 4.2 veces más recursos que todo el presupuesto climático. Para GFLAC, esta distribución evidencia una contradicción entre los objetivos de crecimiento planteados por el gobierno y la necesidad de transformar el modelo energético del país.

La advertencia surgió después de que el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, presentó ante el Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027, que contempla un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5%. El gobierno federal plantea respaldar ese avance mediante inversiones en sectores estratégicos como energía, transporte, logística, salud, agua y educación, además de aprovechar un mercado laboral sólido, un sector externo más dinámico y una mayor inversión extranjera directa. Sin embargo, GFLAC considera que destinar mayores recursos a infraestructura energética basada en petróleo y gas no garantiza por sí mismo una economía más independiente. Por el contrario, la organización sostiene que mantener este modelo puede exponer al país a los precios internacionales de los combustibles y aumentar sus costos financieros.

Ante este panorama, GFLAC pidió modificar las prioridades del presupuesto y avanzar hacia una transición energética justa que impulse el ahorro de energía y el desarrollo de fuentes renovables producidas localmente. Sandra Guzmán, directora general de la organización, sostuvo que la soberanía energética debe construirse reduciendo el consumo y fortaleciendo la generación limpia dentro del país. Además, señaló que este cambio podría beneficiar a los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), al facilitar que nuevas industrias tengan acceso a energía limpia y local. Para lograrlo, el organismo propuso mejorar la trazabilidad del gasto climático, aplicar correctamente el Anexo Transversal 16, reorientar gradualmente los apoyos a combustibles fósiles e incorporar instrumentos fiscales ambientales que permitan financiar la transición.

La discusión cobra relevancia porque el presupuesto público no solo determina cuánto dinero recibe cada sector, sino también qué modelo de desarrollo prioriza el gobierno. GFLAC llamó a la Cámara de Diputados a revisar la orientación del gasto antes del 15 de noviembre y advirtió que aumentar el presupuesto climático no será suficiente si otras partidas continúan favoreciendo los combustibles fósiles. En este sentido, la organización plantea que México necesita vincular su política económica, energética y ambiental para reducir su vulnerabilidad ante los precios internacionales de la energía. La decisión sobre cómo distribuir los recursos de 2027 podría marcar, por ello, el rumbo de las inversiones energéticas y de la estrategia climática del país durante los próximos años.