La deuda pública de México llegará en 2027 a casi 22 billones de pesos y representará 55% del Producto Interno Bruto, un nivel históricamente elevado que, sin embargo, la Secretaría de Hacienda considera manejable. El secretario Édgar Amador sostuvo que el endeudamiento permanece por debajo del promedio de las economías de la OCDE y de países desarrollados como Estados Unidos y Japón. El funcionario también defendió la capacidad del gobierno para enfrentar las presiones financieras, pese al respaldo que todavía mantiene Petróleos Mexicanos. El mensaje busca contener las preocupaciones sobre la trayectoria de las finanzas públicas, aunque el aumento de la deuda y las necesidades de Pemex mantendrán bajo observación la capacidad fiscal del país.

Según el Paquete Económico 2027, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público alcanzará 55% del PIB, un punto porcentual más que la estimación para el cierre de 2026. Amador afirmó que este nivel no representa, por ahora, una amenaza para el crecimiento ni limita la capacidad del gobierno para financiar sus prioridades. Sin embargo, Hacienda evitó pronunciarse sobre una posible reforma fiscal y tampoco estableció cuándo podría terminar el respaldo financiero a Pemex. Esta ausencia de definiciones deja abierta una de las principales interrogantes sobre el futuro de las finanzas públicas: cómo aumentarán los ingresos del gobierno mientras crecen las obligaciones y persisten las necesidades de la empresa petrolera estatal.

La Secretaría de Hacienda también busca destacar que la deuda pública de México tiene una estructura que, según sus funcionarios, reduce su exposición a cambios bruscos en los mercados. La subsecretaria María Carmen Bonilla explicó que 84.8% de la deuda del gobierno federal se encuentra a tasa fija y a largo plazo, además de estar denominada en moneda nacional. La deuda externa, por su parte, está contratada completamente a tasa fija. Esta composición permite amortiguar el impacto de aumentos en las tasas de interés o movimientos cambiarios. A ello se agregan coberturas financieras relacionadas con las tasas y el petróleo. Para Hacienda, estos mecanismos explican por qué no observa una trayectoria “explosiva” del endeudamiento en los próximos años.

Otro elemento que el gobierno considera relevante es la evaluación de las agencias calificadoras. Bonilla señaló que estas instituciones analizan principalmente la deuda neta, que además de las obligaciones incorpora los activos financieros del gobierno. Según la funcionaria, México ha trabajado para fortalecer esos activos y mejorar la posición financiera del sector público. Amador añadió que Hacienda mantuvo conversaciones con las calificadoras antes de presentar el Paquete Económico 2027, en un contexto de atención sobre la calidad crediticia del país. El acercamiento resulta relevante porque una eventual reducción de la calificación podría elevar los costos de financiamiento y limitar el margen de maniobra fiscal. Por ello, preservar la confianza de los mercados será tan importante como contener el crecimiento de la deuda.

En este contexto, el reto para el gobierno no consiste únicamente en demostrar que México mantiene una deuda menor que otras grandes economías. También deberá mostrar que puede sostener sus finanzas públicas mientras enfrenta mayores compromisos presupuestarios y continúa apoyando a Pemex. La comparación internacional ayuda a dimensionar el problema, pero no elimina las presiones internas sobre los ingresos, el gasto y el déficit. Hacienda apuesta por una combinación de deuda con menor exposición a riesgos financieros, coberturas y una gestión enfocada en preservar la calificación crediticia. Sin embargo, si el endeudamiento continúa aumentando, la discusión sobre nuevos ingresos públicos y sobre el costo de mantener el respaldo a Pemex podría cobrar mayor fuerza en los próximos años.