Apple anunció un nuevo esquema de cobros para las transacciones digitales realizadas mediante aplicaciones distribuidas fuera de la App Store en la Unión Europea, con el objetivo de adaptarse a las exigencias de la Ley de Mercados Digitales. La compañía aplicará una comisión del 5 por ciento a determinadas operaciones, mientras modifica las tarifas que utilizaba anteriormente para los desarrolladores que recurren a canales alternativos.

La empresa explicó que reemplazará el sistema anterior por un modelo más sencillo que contempla diferentes tarifas según la forma en que los desarrolladores distribuyan sus aplicaciones y procesen los pagos. La modificación responde a las presiones de las autoridades europeas, que durante los últimos meses cuestionaron las condiciones de Apple para quienes buscan ofrecer aplicaciones y sistemas de pago fuera de su plataforma.

Los reguladores europeos habían señalado que algunas de las condiciones establecidas por Apple podían desalentar a los desarrolladores de utilizar alternativas a la App Store dentro del ecosistema de iOS. Entre los elementos cuestionados figuraba una tarifa relacionada con la tecnología básica, debido a que las autoridades consideraban que podía convertirse en un obstáculo para quienes pretendían utilizar otros canales de distribución.

Con el nuevo esquema, las aplicaciones que permanecen en la App Store pero emplean sistemas alternativos de procesamiento de pagos estarán sujetas a una comisión del 20 por ciento. Apple contempla una reducción hasta el 10 por ciento para los desarrolladores que formen parte de su programa dirigido a pequeñas empresas, una medida que mantiene diferencias importantes dependiendo del modelo utilizado por cada aplicación.

Para las aplicaciones que llegan a los usuarios mediante tiendas alternativas o directamente a través de Internet, Apple establecerá una comisión por tecnología básica del 5 por ciento. La compañía también eliminará la tasa de adquisición inicial y la tarifa por servicios de la tienda que aplicaba bajo el modelo anterior, con lo cual pretende simplificar las obligaciones económicas de los desarrolladores que operan mediante canales externos.

Los nuevos términos entrarán en vigor el 1 de octubre y, de acuerdo con Apple, permitirán resolver las diferencias que la compañía mantenía con las instituciones europeas respecto a sus condiciones comerciales. La Comisión Europea recibió positivamente el anuncio y señaló que continuará supervisando la manera en que Apple implementa los cambios dentro del mercado comunitario.

El nuevo modelo establece un conjunto único de condiciones para los desarrolladores que trabajan en la Unión Europea, con características similares a las estructuras de comisiones que Apple utiliza en mercados como Japón y Brasil. La empresa busca así adaptar su estrategia comercial a las distintas exigencias regulatorias que enfrenta en regiones donde las autoridades han cuestionado el funcionamiento tradicional de su ecosistema digital.

La discusión sobre las comisiones de Apple en la UE forma parte de un conflicto más amplio entre la compañía y distintos reguladores internacionales sobre el funcionamiento de la App Store. Durante años, Apple cobró comisiones de hasta 30 por ciento por las compras de bienes y servicios digitales realizadas dentro de las aplicaciones, una política que generó críticas entre desarrolladores y autoridades de competencia.

Japón y Brasil también han impulsado cambios relacionados con el modelo de negocio de la App Store, mientras Apple mantiene otros conflictos legales sobre sus prácticas comerciales en Estados Unidos. El escenario internacional muestra una presión creciente sobre las grandes plataformas tecnológicas para modificar las condiciones que aplican a desarrolladores y consumidores dentro de sus ecosistemas digitales.

Con la entrada en vigor del nuevo esquema, los desarrolladores europeos tendrán que evaluar qué modelo de distribución y procesamiento de pagos resulta más conveniente para sus aplicaciones. Apple, por su parte, deberá demostrar que las nuevas condiciones cumplen efectivamente con las obligaciones establecidas por la legislación europea, mientras la Comisión Europea mantiene abierta la supervisión sobre la aplicación de las modificaciones anunciadas.