La Unión Nacional de Avicultores (UNA) pidió al gobierno mexicano revisar las condiciones que permiten el ingreso de pechuga de pollo deshuesada procedente de Brasil, debido al crecimiento acelerado de esas compras durante los últimos años. La organización sostiene que este aumento ejerce presión sobre la producción nacional, reduce oportunidades de empleo y genera incertidumbre entre los productores que operan principalmente en regiones rurales.

Entre 2022 y 2025, las importaciones de pechuga de pollo deshuesada brasileña aumentaron 118 por ciento, de acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Aduanas de México citadas por la UNA. El volumen pasó de aproximadamente 90 mil toneladas a más de 196 mil toneladas durante ese periodo, mientras México mantiene una relación comercial con Brasil sin un tratado de libre comercio que regule específicamente este intercambio.

Lorenzo Martín, presidente de la UNA, calculó que la industria nacional acumula pérdidas superiores a 27 mil millones de pesos entre agosto de 2025 y el 12 de agosto de 2026, mientras el incremento de las importaciones también genera preocupación sobre los proyectos de crecimiento que las empresas avícolas contemplan para los próximos años. El sector comprometió inversiones por alrededor de 3 mil 500 millones de dólares entre 2026 y 2030.

La organización explicó que cada mil toneladas de pechuga deshuesada que llegan desde Brasil representan, según sus cálculos, cuatro millones de pollos que los productores mexicanos dejan de colocar en el mercado. Además, la UNA estima que ese volumen impide generar aproximadamente 280 empleos, una situación que, acumulada desde 2022, habría evitado la creación de más de 40 mil 700 puestos laborales en diferentes regiones del país.

La producción avícola tiene una participación importante en las economías rurales, donde genera más de 886 mil empleos directos e indirectos, según información proporcionada por la UNA. La organización advierte que una presión prolongada sobre los márgenes de ganancia puede afectar especialmente a pequeños y medianos productores, quienes necesitan recursos para ampliar instalaciones, contratar trabajadores, modernizar procesos y mantener la actividad económica alrededor de sus granjas.

Martín señaló que las consecuencias no se limitan directamente a las granjas avícolas, porque una menor producción también reduce la demanda de servicios relacionados con transporte, proveedores, mantenimiento y otras actividades que dependen de la cadena productiva. Desde esta perspectiva, la organización considera que las condiciones actuales pueden afectar a las familias que obtienen ingresos de manera directa o indirecta mediante la actividad avícola en distintas comunidades rurales mexicanas.

Ante este escenario, el presidente de la UNA solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para modificar las condiciones arancelarias que actualmente favorecen la entrada de pechuga de pollo deshuesada procedente de Brasil. La propuesta plantea eliminar la exención arancelaria vigente y establecer un cupo de importación con reglas transparentes que permitan ordenar el volumen de producto extranjero que llega al mercado mexicano.

La UNA sostiene que las importaciones de pechuga brasileña no deberían desaparecer del mercado mexicano, debido a que pueden complementar la producción nacional cuando existan necesidades específicas de abasto. Sin embargo, los productores consideran necesario establecer condiciones de competencia más equilibradas, especialmente ante el crecimiento registrado en los últimos años y el impacto que atribuyen a ese incremento sobre las inversiones, el empleo y la producción nacional.

Los avicultores también cuestionan que el aumento de las compras externas haya cumplido el objetivo de ofrecer precios más bajos a los consumidores mexicanos. Por ello, plantean que las autoridades revisen los resultados de la política comercial y determinen si el esquema actual realmente beneficia al consumidor sin generar consecuencias desproporcionadas para los productores nacionales, particularmente aquellos que mantienen sus operaciones y fuentes laborales en comunidades rurales.

La petición ocurre mientras el sector avícola busca mantener sus planes de inversión para el periodo 2026-2030 y enfrentar un escenario que considera cada vez más complejo. La discusión sobre las importaciones brasileñas coloca nuevamente en el centro del debate el equilibrio entre disponibilidad de alimentos, precios para los consumidores, competencia internacional y protección de las cadenas productivas que generan empleo en México.