La investigación por monopolio en el futbol mexicano podría tener efectos que van mucho más allá del ascenso y descenso de equipos. La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) abrió de oficio una investigación para determinar si existen prácticas que afecten la competencia en el futbol profesional y que involucren no solo a clubes, sino también a empresas relacionadas con la organización, transmisión y comercialización de las competencias. De comprobarse estas conductas, uno de los posibles efectos sería una reducción en los precios que pagan los aficionados, ya que las prácticas monopólicas pueden generar sobreprecios de hasta 20 por ciento. El caso, por tanto, coloca bajo revisión una cadena de negocios que también incluye boletaje, fichajes, derechos de transmisión y productos promocionales.
De acuerdo con la publicación realizada el 14 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, la Autoridad Investigadora de la CNA detectó indicios suficientes para iniciar formalmente las pesquisas. José Manuel Haro Zepeda, titular de esta autoridad, explicó a Proceso que el objetivo consiste en determinar si algún agente económico con poder sustancial de mercado utilizó esa posición para excluir competidores, impedir la entrada de nuevos participantes o limitar su capacidad para competir. Además, la investigación podría alcanzar a otras compañías que presuntamente hayan colaborado o participado en esas prácticas. Por ahora, la autoridad no ha revelado nombres debido a que el procedimiento continúa abierto y todavía no existe una resolución que determine responsabilidades.
El alcance del expediente explica por qué el monopolio en el futbol mexicano no se limita a los equipos o a las decisiones deportivas. La autoridad analiza el mercado relacionado con la afiliación, organización y acceso a las competiciones profesionales, pero también puede revisar actividades vinculadas con este sector. Entre ellas aparecen el fichaje y compraventa de jugadores, la venta de artículos promocionales, los servicios de transmisión, la comercialización de boletos y otros proveedores que participan en la operación de los encuentros. Haro Zepeda señaló que pueden existir distintas empresas relacionadas con estos mercados, por lo que la investigación no parte de una sola actividad ni necesariamente de un único participante. Esto amplía considerablemente las posibles implicaciones del procedimiento.
Uno de los aspectos que más interés genera para los aficionados está relacionado con el precio. Haro Zepeda explicó que, cuando existen prácticas monopólicas, los consumidores pueden enfrentar sobreprecios de hasta 20 por ciento en determinadas industrias. En términos sencillos, un producto o servicio que debería costar 100 pesos podría llegar a venderse en 120 debido a una menor competencia. Trasladado al futbol, este escenario podría tener consecuencias en distintos puntos de la experiencia del aficionado, desde el acceso a los partidos hasta otros bienes y servicios relacionados con los clubes. Sin embargo, la autoridad todavía no determina que esto ocurra actualmente en el futbol mexicano; se trata de una de las posibles consecuencias que busca esclarecer durante la investigación.
La CNA también rechazó que su intervención represente una intromisión del gobierno en el deporte. Según explicó el titular de la Autoridad Investigadora, el procedimiento no busca intervenir en la práctica del futbol ni en sus decisiones deportivas, sino analizarlo como una actividad económica cuando existen indicios de posibles afectaciones a la competencia. Bajo la legislación de competencia, un agente económico puede ser una persona física o moral, con o sin fines de lucro, así como una asociación, cámara, agrupación o cualquier otro ente relacionado con una actividad económica. Por ello, la autoridad tiene facultades para revisar a distintos participantes del mercado y no únicamente a los clubes.
La investigación surgió después de que la Autoridad Investigadora diera seguimiento durante varios meses a noticias y señalamientos de aficionados sobre posibles conductas anticompetitivas, incluidos hechos relacionados con el entorno del futbol durante 2026. A partir de ese análisis, la CNA determinó que existían elementos suficientes para abrir el procedimiento formal. El periodo inicial contempla hasta 120 días hábiles y puede ampliarse hasta en tres ocasiones por periodos iguales. Por ahora, no existe una conclusión sobre si hubo una infracción ni sobre las empresas que podrían resultar responsables. El resultado será relevante no solo para los participantes de la industria, sino también para los aficionados, quienes podrían verse beneficiados si se corrigen prácticas que limiten la competencia y encarezcan el acceso al futbol profesional.