La BUAP ya pagó 160.9 millones de pesos por una pista de atletismo que, de acuerdo con documentos y evidencias citados por Proceso, permanece inconclusa y presenta un avance físico inferior al 50 por ciento. El proyecto, anunciado como una instalación deportiva de nivel internacional, también enfrenta cuestionamientos por presuntas deficiencias constructivas, permisos y condiciones del terreno donde se desarrolla. La obra fue adjudicada a Constructora Cicomex, mientras Gabriel Ramos Rodríguez, presidente de la Federación Mexicana de Tiro con Arco y representante de la firma Mondo en México, asumió funciones relevantes durante su ejecución. La situación genera dudas sobre el manejo de los recursos públicos y sobre la supervisión de un proyecto que debía convertirse en referente deportivo para la institución.

Los documentos revisados por Proceso señalan que la licitación contemplaba la construcción integral de la pista, además de gradas, gimnasios, oficinas, servicios sanitarios, áreas de fisioterapia, palcos, elevador, iluminación y un circuito de campo traviesa. Sin embargo, diversos elementos permanecen sin concluir. Las gradas presentan zonas en obra negra, hay varillas expuestas y todavía faltan instalaciones, acabados y equipamiento contemplados originalmente. Además, minutas de supervisión registraron observaciones relacionadas con compactación del terreno, humedad, materiales, cimbra, colado de muros y participación de personal sin el perfil técnico requerido. Estas observaciones adquieren relevancia porque apuntan a posibles problemas de calidad en una obra cuyo presupuesto ya fue cubierto en su totalidad.

El caso de la pista de atletismo de la BUAP también involucra cuestionamientos sobre la planeación y las condiciones legales del proyecto. Según la investigación de Proceso, el inmueble se construye en una zona industrial donde estaría restringido el desarrollo de equipamiento deportivo y existen instalaciones y ductos de gas en los alrededores. Asimismo, el medio reportó que la obra comenzó sin licencias de uso de suelo y construcción, además de señalar que no encontró una Manifestación de Impacto Ambiental aprobada para el proyecto ni un permiso para determinadas descargas. A ello se suma la construcción de un desagüe hacia el río Alseseca. En conjunto, estos elementos podrían generar nuevas revisiones administrativas y obligar a esclarecer si el proyecto cumplió con la normativa aplicable.

La BUAP sostiene que los 160.9 millones de pesos corresponden a los trabajos realizados hasta ahora y que será necesario desarrollar nuevas etapas mediante futuras licitaciones. Sin embargo, esa explicación contrasta con documentos de la propia universidad citados por Proceso, como las bases de licitación, el catálogo de conceptos y la memoria descriptiva, en los que no se establece que el proyecto completo se ejecutaría por etapas. Además, reportes de la Tesorería señalan que los pagos a Cicomex se realizaron entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, mientras documentos institucionales reportan un avance físico de 100 por ciento. La diferencia entre lo pagado, lo documentado y lo visible en el predio coloca el proyecto bajo un escrutinio que podría aumentar si la universidad no aclara estas discrepancias.

Más allá del estado de la construcción, el caso plantea una pregunta central sobre la supervisión y transparencia en el uso de recursos públicos de una universidad estatal. La pista debía entregarse desde diciembre de 2025 y convertirse en un espacio capaz de recibir competencias de alto nivel, pero actualmente todavía presenta trabajos pendientes y elementos básicos sin terminar. Proceso también informó que solicitó una postura a la rectora Lilia Cedillo Ramírez sobre las anomalías señaladas, sin obtener respuesta hasta el cierre de su publicación. En este contexto, aclarar el destino de los recursos, el alcance real del contrato y las condiciones legales y técnicas de la obra será clave para determinar si el proyecto puede concluirse sin nuevos costos y bajo qué responsabilidades.