El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene pendiente la emisión de reglas para supervisar las actividades que cientos de aspirantes de Morena realizan rumbo a las elecciones de 2027, situación que ha generado cuestionamientos entre especialistas y consejeros del propio organismo. La ausencia de lineamientos específicos impide conocer el origen y destino de los recursos utilizados durante estos recorridos y eventos públicos, además de abrir un debate sobre la equidad en la competencia electoral y el cumplimiento de la legislación vigente.
De acuerdo con especialistas en materia electoral, más de 300 integrantes de Morena desarrollan actividades para posicionar su imagen en distintas entidades del país con miras a la renovación de 17 gubernaturas en 2027. Los aspirantes organizan reuniones públicas, participan en asambleas partidistas, distribuyen propaganda y movilizan simpatizantes sin que actualmente exista un mecanismo formal de fiscalización de campañas anticipadas que permita verificar los recursos económicos destinados a estas actividades o establecer responsabilidades en caso de irregularidades.
El consejero del INE, Arturo Castillo, manifestó que el organismo actúa como un árbitro que no interviene en un proceso político que, desde su perspectiva, comenzó hace varios meses. El funcionario criticó que el Consejo General haya pospuesto la aprobación de lineamientos para regular y supervisar los procesos internos adelantados de los partidos políticos, lo que, afirmó, deja sin vigilancia efectiva una etapa que ya influye en la competencia electoral.
Morena adelantó seis meses la definición de sus candidaturas mediante la figura de coordinadores de comités de la Cuarta Transformación, un mecanismo que ya empleó en procesos anteriores. Con esta estrategia, los aspirantes realizan recorridos por sus estados, participan en encuentros con militantes, promueven su imagen en redes sociales y distribuyen materiales promocionales antes del inicio oficial de las precampañas, previsto por la legislación electoral para después de diciembre.
La falta de reglas también impide conocer quién financia la organización de eventos, el traslado de simpatizantes y la producción de artículos promocionales como playeras, gorras y folletos. Especialistas consideran que la ausencia de controles dificulta garantizar condiciones de transparencia e igualdad entre quienes buscan una candidatura, ya que estas actividades no están sujetas a los mecanismos ordinarios de rendición de cuentas establecidos para las campañas oficiales.
En mayo pasado, la mayoría del Consejo General del INE rechazó una propuesta para establecer normas de fiscalización de campañas anticipadas, encabezada por la presidencia del organismo. Aunque posteriormente se presentó un nuevo proyecto de lineamientos, la discusión fue aplazada y hasta el momento no existe una fecha definida para analizar o aprobar las reglas que permitan supervisar estos procesos internos adelantados.
Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, afirmó que el problema no radica únicamente en la legislación vigente, sino en la forma en que las autoridades electorales han interpretado las normas durante los últimos años. A su juicio, los criterios establecidos por el Tribunal Electoral han reducido considerablemente las posibilidades de sancionar actos anticipados de campaña, debido a que actualmente se requiere acreditar elementos personales, temporales y subjetivos, además de un llamado expreso al voto.
Este criterio permite que aspirantes continúen promoviendo su imagen pública mediante recorridos, propaganda personalizada y eventos masivos sin solicitar directamente el sufragio, lo que dificulta que esas acciones sean consideradas ilegales. Mientras tanto, los procesos internos de los partidos, que formalmente deberían desarrollarse entre diciembre y febrero, ya generan una intensa actividad política en calles, plazas públicas y plataformas digitales, en espera de que la autoridad electoral defina finalmente las reglas que marcarán el desarrollo de la contienda rumbo a 2027.