La Corte Penal Internacional (CPI) calificó como un “ataque flagrante” contra su independencia las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a su presidenta, Tomoko Akane, y al abogado de la Fiscalía, Abdoulaye Seye.
El tribunal internacional señaló que las medidas representan una amenaza para la independencia de una institución judicial que trabaja bajo el mandato de sus Estados miembros. La CPI también advirtió que este tipo de acciones pueden afectar la labor de quienes investigan y procesan crímenes internacionales.
Las nuevas sanciones forman parte de la creciente confrontación entre Washington y la Corte Penal Internacional. El gobierno de Estados Unidos ha cuestionado las facultades del organismo y su capacidad para ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses y personas de países que no son parte del Estatuto de Roma.
La administración de Donald Trump ha mantenido una postura crítica contra la CPI y ha acusado al tribunal de exceder sus competencias. En respuesta, la Corte ha defendido su autonomía y ha insistido en que sus jueces y funcionarios deben poder desempeñar sus funciones sin amenazas ni presiones externas.
La institución también expresó preocupación por las posibles consecuencias que estas medidas podrían tener para las víctimas de crímenes internacionales, quienes dependen de mecanismos judiciales para buscar justicia y reparación.
El enfrentamiento entre Estados Unidos y la CPI se ha intensificado a través de distintas medidas contra funcionarios del tribunal. Las nuevas sanciones amplían la presión ejercida por Washington y generan un nuevo episodio de tensión alrededor del funcionamiento de la justicia penal internacional.
Pese a las medidas estadounidenses, la Corte Penal Internacional afirmó que continuará con su trabajo y defenderá su independencia judicial. El organismo sostuvo que sus funciones deben desarrollarse conforme al derecho internacional y sin interferencias políticas.
El nuevo conflicto vuelve a poner en el centro de la discusión la relación entre Estados que no reconocen la jurisdicción de la CPI y los mecanismos internacionales creados para investigar y juzgar los crímenes más graves.