El crecimiento del lirio acuático en la presa Abelardo Rodríguez refleja una problemática ambiental que se ha agravado durante los últimos años debido a la falta de acciones para frenar la contaminación proveniente de la presa La Longaniza. Especialistas advierten que el deterioro del embalse no solamente compromete el equilibrio ecológico de la zona, sino que también afecta la economía de las familias que dependen de la pesca y limita el aprovechamiento futuro de este importante cuerpo de agua para el abastecimiento de la región.
El especialista en normatividad y planeación hídrica, además de docente e investigador del CIDE Región Centro, Saúl Alejandro Flores, explicó que el origen del problema se encuentra en la presa La Longaniza, localizada en la comunidad Gracias a Dios, en el municipio de Jesús María. Las aguas de este embalse desembocan en la presa Abelardo L. Rodríguez y transportan grandes cantidades de nitrógeno derivadas principalmente de actividades agrícolas y ganaderas, lo que genera las condiciones ideales para la rápida proliferación del lirio acuático.
El académico señaló que la situación también evidencia la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender un problema identificado desde hace varios años. Indicó que el municipio de Jesús María no ha logrado controlar las descargas contaminantes en la parte alta de la cuenca, mientras que el Ayuntamiento de Aguascalientes, el Gobierno del Estado y las instancias encargadas de la gestión del agua no han concretado proyectos ni gestionado los recursos federales necesarios para emprender un saneamiento integral del embalse.
Flores recordó que la presa Abelardo L. Rodríguez pertenece a la jurisdicción federal, por lo que cualquier intervención requiere la autorización de la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, precisó que corresponde a las autoridades estatales y municipales elaborar los proyectos técnicos, presentar las solicitudes y gestionar los apoyos económicos disponibles para ejecutar las acciones de recuperación ambiental que permitan detener el deterioro del ecosistema.
Actualmente, el lirio acuático en la presa Abelardo Rodríguez cubre entre el 70 y el 80 por ciento de la superficie del embalse, situación que impide el paso de la luz solar hacia el agua, reduce la fotosíntesis y provoca la disminución de oxígeno disponible para peces y otras especies nativas. Además, la acumulación de materia orgánica favorece la generación de malos olores y acelera el deterioro de las condiciones ambientales del lugar.
El investigador recordó que desde 2018 participaron especialistas en trabajos de planeación municipal para analizar distintas alternativas que permitieran retirar el lirio acuático. Entre las opciones evaluadas figuraban trituradoras mecánicas y bacterias especializadas capaces de controlar la planta sin afectar el ecosistema, mientras que el uso de glifosato fue descartado por los riesgos de contaminación asociados a ese producto. No obstante, ninguna de las propuestas logró materializarse durante las administraciones posteriores.
Las consecuencias ambientales también impactan directamente a la población. Alrededor de 19 familias que obtenían ingresos mediante la pesca enfrentan una disminución considerable en especies como la mojarra y la trucha, lo que ha reducido sus oportunidades económicas. Además, el estado del embalse dificulta cualquier proyecto para utilizar sus aguas como fuente de abastecimiento para la zona oriente de la ciudad mientras no exista un proceso integral de saneamiento.
Flores enfatizó que retirar el lirio acuático únicamente representaría una solución temporal si las autoridades no eliminan la fuente de contaminación ubicada en la parte alta de la cuenca. Explicó que las semillas de la planta permanecerán presentes y volverán a reproducirse rápidamente siempre que continúen llegando nutrientes derivados de las descargas agrícolas y ganaderas. Finalmente, recordó que existen mecanismos legales para solicitar recursos federales e incluso promover acciones judiciales que obliguen a las autoridades competentes a sanear el embalse y proteger los derechos relacionados con el medio ambiente, la salud y el bienestar de las comunidades.
