Los planes de Estados Unidos resultan insuficientes ante la revolución migratoria en América
América experimenta una revolución migratoria sin precedentes. Las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzaron récords históricos: en el último año fiscal, la Patrulla Fronteriza estadounidense registró más de 2.7 millones de “encuentros” —detenciones, rechazos y devoluciones exprés—, la mayor cifra en los últimos 20 años. Detrás de estos números hay un cambio profundo: el origen de las personas que llegan al norte del Río Bravo es diferente al que se registraba hace poco más de una década.
Entonces, la población mexicana representaba cerca de 90% del total de migrantes interceptados en la frontera. A partir de 2010 creció el éxodo centroamericano: hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que escapaban de una región con altísimos niveles de violencia y elevadas cuotas de pobreza. El fenómeno adquiere ahora un carácter continental.
En noviembre de 2022, solo cuatro de cada diez migrantes interceptados por la Patrulla Fronteriza procedían de México, Honduras, Guatemala o El Salvador. El resto cargaba muchos más kilómetros a sus espaldas: Venezuela, Colombia, Ecuador, Cuba, Nicaragua o Haití. Para llegar a su destino, muchos de ellos tuvieron que jugarse la vida y atravesar el Tapón del Darién, un trayecto muy peligroso a través de la selva entre Colombia y Panamá, en el que decenas han muerto.
Ante esta situación, el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, encontró un supuesto remedio que cuenta con el apoyo del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. La receta es el sistema de parole, mediante el cual hasta 30,000 personas al mes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití podrán ser recibidas en ese país por dos años, si cuentan con un patrocinador y pasan una verificación de antecedentes y seguridad. A cambio, México recibirá el mismo número de personas expulsadas, que se sumarán a las miles de personas mexicanas o centroamericanas que permanecen varadas en ciudades fronterizas como Tijuana o Ciudad Juárez. Es decir, Estados Unidos ya no necesita devolverlos a sus países de origen, sino que pueden expulsarlos directamente a México.
Si la crisis humanitaria no se ha desbordado es gracias al trabajo voluntario de albergues y organizaciones de la sociedad civil, que han protegido a aquellos a los que el Estado dio la espalda. A pesar de sus promesas humanitarias, el gobierno de López Obrador no tiene previsto hacer ningún esfuerzo extra para atender a estas familias vulnerables.
El éxodo a la frontera debió preverse por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos. Mientras la población estaba encerrada durante la pandemia de COVID-19, en 2020, activistas y funcionarios internacionales no se cansaron de repetirme que el confinamiento y la crisis económica tendría como consecuencia un incremento del flujo migrante hacia Estados Unidos. Estaban en lo cierto. Y ahora los gobiernos lidian con flujos migratorios para los que no estaban preparados, a pesar de las advertencias.
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El antecedente era la llegada de miles de personas de origen haitiano a la frontera mexicana con Estados Unidos en 2019. Cuando las fronteras se reabrieron tras la pandemia, uno de los expertos me dijo que el siguiente gran éxodo continental sería el venezolano. No se equivocaba: entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 casi 200,000 fueron interceptados por la Patrulla Fronteriza estadounidense. Actualmente se calcula que cerca de siete millones de venezolanas y venezolanos viven fuera de su país.
El caso venezolano es simbólico, pero no el único. Más de 100,000 colombianos fueron detenidos el último año en la frontera con Estados Unidos, y más de 30,000 ecuatorianos trataron de llegar a ella, la mayoría de ellos atravesando la selva del Darién ante la imposición de un visado para poder entrar a México. El éxodo es un fenómeno transversal: ocurre en gobiernos de derechas y de izquierdas, autoritarios y liberales.
La medida del parole es la primera en la que Joe Biden se aparta del camino marcado por su antecesor, Donald Trump. Sin embargo, es claramente insuficiente. Sobre todo, porque está más pensada para reducir la llegada de migrantes que para ahorrarles sufrimiento en su camino. Ocurrió en octubre de 2022, cuando se frenó en seco el tránsito desde Venezuela obligándoles a regresar a México, lo que redujo hasta en un 90% los cruces, pero dejó a miles varados en un país desconocido y con una historia de violencia.
La iniciativa, además, dinamita por completo los principios que rigen el sistema internacional de derecho al asilo, al negar la posibilidad de pedir refugio a quienes pisen territorio estadounidense. Cuando alguien teme por su vida no tiene tiempo de esperar hasta que el peligro pase y luego iniciar su ruta. Tampoco acude a renovar su pasaporte en la embajada, una de las condiciones que impone el modelo de parole.
El sistema que ya implementa Estados Unidos, con ayuda de México, apuntala una arquitectura legal que busca frenar la ruta a través del continente, pero no toma en cuenta que excluye a miles de personas. Hoy México tendrá que hacer nuevamente el trabajo sucio de resguardar a las y los migrantes, ante las necesidades de su socio del norte.
La situación ideal para Biden es un modelo por el que el migrante pide su turno desde su lugar de origen y no atraviesa irregularmente medio continente. Para ello prepara también iniciativas para castigar a quien busque el cruce irregular. El Departamento de Seguridad Nacional ha deslizado la idea de que podrán ser rechazadas las solicitudes de ingreso de quienes entren sin documentos a otro país antes de llegar a Estados Unidos y no hayan pedido asilo en ellos. Esto es un peligro que podría convertir a México en un “tercer país seguro” de facto.
Este sistema de expulsión inmediata fue impuesto por el expresidente Donald Trump mediante el Título 42, con la excusa de la pandemia de COVID-19. Durante estos años, México ha sido un colaborador imprescindible que ha recibido casi dos millones de devoluciones exprés. Este mecanismo se suponía era temporal y el gobierno de Biden intenta revertirlo desde hace meses, pero la Corte Suprema no se lo ha permitido.
A pesar de las carencias del plan, un grupo de gobernadores republicanos planea demandar a la Casa Blanca por estas medidas. Una iniciativa que nos recuerda que el racismo está muy instalado en la política estadounidense. Biden no debe dejarse llevar por la presión de los herederos de Trump y debe ampliar las vías de llegada a su frontera, garantizando que toda persona que necesite protección pueda tener acceso a ella. Solo así podrá apartarse del legado de su antecesor xenófobo.
