Cielos despejados y viajeros sin restricciones
Ni los sindicatos deben seguir usando a los usuarios como medio de presión, ni la población debe cargar con una empresa que solo es utilizada por el 5% de los ciudadanos.
El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, fue denunciado en noviembre del año pasado por el fiscal Carlos Stornelli debido a «conductas incitadoras a la violencia». Esto ocurrió tras las declaraciones de Biró en respuesta a las propuestas preelectorales de Javier Milei sobre entregar Aerolíneas Argentinas a los empleados. El sindicalista lanzó una advertencia contundente: «Nos va a tener que matar y cargar muertos». Biró, quien se opone firmemente a la expansión de las aerolíneas de bajo costo, también predijo que una vez que el presidente revisara las finanzas de la compañía, reconsideraría su plan.
Por otro lado, los gremios aeronáuticos llevan meses en conflicto, alegando una disminución del 72% en sus salarios desde noviembre. Durante ese tiempo, los pasajeros se han visto afectados como «rehenes» de la situación. Aunque el gobierno había dictado la conciliación obligatoria para garantizar el servicio durante las vacaciones de invierno, ahora el derecho a huelga está en vigor. No obstante, las normas establecen la obligación de mantener guardias mínimas en la actividad aeronáutica, tanto en el sector público como en el privado, debido a la naturaleza esencial del servicio.
Los retrasos en los vuelos han transformado los aeropuertos en auténticos campos de caos, llenos de equipaje y pasajeros varados, creando una situación descontrolada que ha perjudicado tanto a los afectados como a la propia compañía, que ha sufrido pérdidas operativas.
Sin servicios mínimos, las actividades en los aeropuertos de Ezeiza y Jorge Newbery quedaron paralizadas por nueve horas el pasado viernes, cuando las negociaciones salariales fracasaron debido al rechazo de la oferta presentada. Como consecuencia, se reprogramaron 185 vuelos, afectando a aproximadamente 16,000 pasajeros, y se estima una pérdida de dos millones de dólares. Los pilotos, copilotos y tripulantes que no cumplieron con sus tareas verán reducidos sus salarios.
Hoy está programado un nuevo paro de 24 horas, que podría impactar más de 250 vuelos y afectar a 30,000 pasajeros, a quienes la aerolínea ofrecería nuevamente la opción de cambiar sus boletos sin penalización. La Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que prevén realizar asambleas ese mismo día, también podrían interrumpir el servicio de Intercargo, otra entidad que suele suspender sus actividades de manera inesperada.
El Gobierno impulsa una política de «cielos abiertos», promoviendo la competencia, una práctica común en muchos países. Sin embargo, la falta de alternativas de vuelo en un país tan extenso deja a los viajeros como rehenes de un sindicalismo agresivo, con una oferta de rutas limitadas, incluso cuando existen conexiones poco rentables. La ley aprobada en julio que desregula el espacio aéreo ha enfurecido a los gremios, que la ven como una concesión a aerolíneas extranjeras con las que creen que no podrán competir, temiendo que ello lleve a la desaparición de Aerolíneas Argentinas y comprometa la seguridad, según sus argumentos.
Estas medidas de fuerza reavivan el debate sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas, cuya privatización fue descartada con la Ley Bases. Sin embargo, Fabián Lombardo, designado por el gobierno de Milei como presidente de la compañía, afirmó que varias aerolíneas internacionales han mostrado interés en adquirirla. Ante esta situación, la Secretaría de Transporte, principal accionista de la empresa, anunció que demandará a los sindicatos y sus líderes, Juan Pablo Brey y Pablo Biró, este último siendo el único representante de los trabajadores en el directorio desde 2019, quien podría ser destituido por su conducta desleal hacia la aerolínea.
Un video viral del periodista Alejandro Fantino, furioso y pidiendo boicotear a Aerolíneas Argentinas, responsabilizando a los líderes de APLA y AAA de querer llevar al país al colapso, ha avivado aún más las controversias. El discurso del kirchnerismo, que defendía una aerolínea sostenida por todos los ciudadanos aunque solo sea utilizada por menos del 5% de los argentinos, ha quedado en entredicho. Como se ha señalado en diversas ocasiones, no es función del Estado gestionar el transporte aéreo. Tampoco deben utilizarse argumentos de soberanía para limitar la competencia y mantener a flote una empresa deficitaria, apodada «Aerorruinas Argentinas», que sindicatos y militantes defienden a expensas de los contribuyentes y en su propio beneficio. Cielos y pasajeros deben ser libres.
