Es en su intersección con Lima; reclamaron por el veto a la ley de financiamiento
Unas cien personas en representación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) cortaron, a las 17, el tránsito en la avenida Independencia en su intersección con Lima en reclamo por la recomposición salarial del personal docente y no docente y por el veto a la ley de financiamiento del sector. “Si el presupuesto no está, que quilombo que se va armar”, fue el cántico que sobresalió en la convocatoria, donde confluyeron organizaciones estudiantiles ligadas al kirchnerismo, el trotskismo y docentes nucleados en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Poco después, un motociclista intentó atravesar la columna.
Esta última medida, a la que no todos los protagonistas de la disputa adhieren, se sumó a la marcha pacífica con velas que a partir de las 18 salió desde la Plaza Houssay en dirección hacia el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación nacional.
Del corte de tránsito formó parte la recientemente elegida conducción del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (Cecso), cuya titular es Agustina Oliveira, quien pertenece a la agrupación La Mella y tiene como referente nacional al dirigente kirchnerista Juan Grabois, líder de Patria Grande, donde también milita. Su participación, sin embargo, fue exprés. “Vino al principio del corte, pero se fue porque tenía otra actividad”, indicaron a este medio desde su entorno, desde donde aclararon que “se va sumar a la protesta frente al Palacio Pizzurno”. En las últimas elecciones, la joven encabezó la Lista 15 + Acción por Sociales, una alianza que aglutinó a un amplio espectro del universo kirchnerista, desde La Cámpora hasta el Movimiento Evita.
El plan de acción no estuvo exento de diferencias internas. Una vez que el corte se levantó, la mayoría de las columnas avanzaron hacia la sede de la Secretaría de Educación de la Nación. En el camino quedaron mascullando un puñado de militantes de Basta Ya, el brazo universitario del Nuevo Más de Manuela Castañeira.
“Nosotros respetamos lo que se votó en la asamblea y lo que se aprobó fue el corte en Independencia y Lima. Lo otro no tuvo el aval de los estudiantes y nosotros creemos que la actividad en Pizzurno no responde al movimiento estudiantil, sino a la burocracia dirigencial”, criticó Fernando Bialuski, estudiante de ciencia política y militante de la organización izquierdista que se pronunció en disidencia. Así se refirió a la movilización que fue convocada ayer luego de una reunión entre el Frente Sindical de Universidades Nacionales, integrado por los gremios docentes y no docentes universitarios; la Federación Universitaria Argentina (FUA), representantes de agrupaciones estudiantiles y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores.
“No queremos transmitir que estamos de duelo, con velas [símbolo de la marcha a la sede educativa], tenemos que transmitir lo contrario: que vamos a luchar, el corte lo vamos a mantener cuanto tiempo sea necesario”, había señalado esta mañana una de las jóvenes de la agrupación anticapitalista Ya Basta de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Un conflicto que crece
El conflicto que atraviesa la educación pública desde principios de año generó una seguidilla de paros en las universidades del país, con especial foco en la UBA. Desde agosto pasado, cuando comenzó el segundo cuatrimestre, fueron cinco las medidas de fuerza 12, 20 y 21 de agosto, 26 de septiembre y 10 de octubre, y ahora se preparan para atravesar la sexta, mañana jueves, como lo anunció la semana pasada el Frente Sindical de Universidades Nacionales. A esto se sumó la marcha federal del 2 de octubre, que congregó, según los cálculos de LA NACIÓN, a 270.000 personas, y que frenó las actividades en varias sedes.
A través de estas acciones buscan visibilizar la situación que las atraviesa, entre las que destacan el desfinanciamiento, especialmente a partir del veto a la ley que lo reglamentaba, que incluye el reclamo del presupuesto para el año que viene, las paritarias por los salarios docentes y no docentes, que alegan una pérdida salarial del 63,5%, la actualización de la garantía salarial el mínimo que debe cobrar un docente y la recuperación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
Las distintas formas de protesta que llevan adelante los estudiantes tienen impacto en el calendario educativo, y los profesores se han visto obligados a implementar clases virtuales y a reprogramar parciales para evitar retrasos.
