LA SEGURIDAD VIAL EN LATINOAMÉRICA: UNA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA QUE EXIGE ACCIÓN URGENTE
Especialistas alertan sobre el alto número de muertes por accidentes de tráfico en América Latina, que triplican las tasas de Europa y cuadruplican las de Japón. México enfrenta una emergencia, con 43 víctimas diarias.
Foto: Excélsior
La seguridad vial sigue siendo una de las principales crisis de salud pública a nivel mundial, con una alarmante cifra de 1.3 millones de muertes anuales por accidentes de tránsito, lo que equivale a una víctima cada 25 segundos. En América Latina y el Caribe, la situación es aún más grave, con una tasa de mortalidad por accidentes viales que supera tres veces la de Europa y cuatro veces la de Japón. México es uno de los países más afectados, con 43 muertes diarias, o una cada 30 minutos, según especialistas de la Alianza Global de ONG para la Seguridad Vial y la Fundación Aleática para la Seguridad Vial.
En la primera reunión regional para América Latina, celebrada en la Ciudad de México, representantes de más de 60 organizaciones de 20 países se reunieron para discutir las alarmantes cifras de siniestros viales. Ignacio Ibarra, asesor regional de Derecho Sanitario de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), subrayó que, aunque los esfuerzos por reducir la mortalidad han logrado una disminución del 5%, aún queda un largo camino por recorrer. De hecho, el 53% de las víctimas mortales son usuarios vulnerables de las vías, como peatones, ciclistas y motociclistas, un grupo cada vez más grande debido al incremento del uso de motocicletas en la región, que ha pasado de un 12% en 2009 a un 27% en 2023.
Este panorama plantea un desafío urgente para los gobiernos de la región, según Sonia Aguilar, directora de la Alianza Global para América Latina. Aguilar hizo un llamado a los gobiernos para que impulsen reformas en la regulación de la movilidad, con un enfoque en la seguridad vial, así como en la promoción de formas de transporte sostenibles y equitativos. Para enfrentar este reto, es fundamental que se implementen políticas públicas efectivas y que se garantice la fiscalización de las leyes de tránsito.
