El Gobierno de México anunció una nueva estrategia legal tras la muerte de otro ciudadano mexicano durante una intervención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración ya no limitará su respuesta a notas diplomáticas y adelantó que impulsará acciones legales con el propósito de exigir responsabilidades por los recientes casos registrados en territorio estadounidense.
La decisión surgió después del fallecimiento de Lorenzo Salgado en Houston, Texas, quien murió en un hospital tras recibir disparos de agentes migratorios durante un intento de arresto. La mandataria expresó que ningún migrante debe enfrentar violencia por su situación migratoria y sostuvo que las autoridades mexicanas buscarán mecanismos legales más sólidos para defender los derechos de sus connacionales.
Las medidas jurídicas por la muerte de migrantes serán presentadas en los próximos días por la Secretaría de Relaciones Exteriores. De acuerdo con el Gobierno mexicano, la estrategia pretende ampliar el alcance de las acciones emprendidas anteriormente ante organismos internacionales y fortalecer la protección jurídica de los mexicanos que residen o trabajan en Estados Unidos sin documentos migratorios.
Desde el inicio de 2026, varios ciudadanos mexicanos han perdido la vida bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses o durante operativos de detención. Entre los casos reportados aparecen Héber Sánchez, Royer Pérez, Alejandro Cabrera, Jesús Molina y Lorenzo Salgado, hechos que incrementaron la preocupación del Gobierno mexicano por las condiciones en las que ocurren estos procedimientos.
La administración de Claudia Sheinbaum también recordó que anteriormente presentó denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una forma de documentar las presuntas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la presidenta reconoció que esas acciones poseen un alcance limitado debido a que Estados Unidos no forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El endurecimiento de la postura mexicana ocurre mientras la política migratoria estadounidense mantiene una estrategia de mayores detenciones y deportaciones. El gobierno encabezado por Donald Trump incrementó significativamente el presupuesto destinado al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas con el objetivo de fortalecer los operativos contra personas en situación migratoria irregular.
Las medidas jurídicas por la muerte de migrantes buscan abrir un nuevo frente de defensa para los ciudadanos mexicanos que enfrentan procesos migratorios en Estados Unidos. El Gobierno considera indispensable garantizar que las detenciones respeten los derechos humanos y que las autoridades eviten el uso excesivo de la fuerza durante este tipo de intervenciones.
La relación bilateral enfrenta un nuevo desafío debido a estos acontecimientos, mientras México insiste en que la protección de sus ciudadanos constituye una prioridad de política exterior. Las autoridades mexicanas señalaron que continuarán utilizando herramientas diplomáticas y legales para exigir investigaciones, transparencia y justicia en cada uno de los casos registrados.