La relación entre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y su exfiscal César Jáuregui terminó convertida en una disputa pública mientras avanza el proceso relacionado con la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas. La ruptura entre Maru y Jáuregui ya no se limita al expediente sobre seguridad nacional. La FGR abrió una nueva línea de investigación después de que Ernestina Godoy afirmara que Campos señaló a su exfuncionario por presuntos actos de corrupción, casinos y uso de prestanombres. Jáuregui permanece en el penal del Altiplano y este 24 de octubre enfrenta la continuación de su audiencia federal, donde se decidirá si queda vinculado a proceso por traición a la patria.

MARU NIEGA HABERLO “ACUSADO”, PERO LA FGR DICE OTRA COSA

La contradicción comienza con las versiones sobre una reunión entre Campos y autoridades federales. Claudia Sheinbaum aseguró que la gobernadora responsabilizó a Jáuregui del operativo donde participaron agentes extranjeros y también habló de posibles actos de corrupción. Ernestina Godoy confirmó posteriormente que Campos mencionó presuntos casinos, prestanombres y otras irregularidades. Según la fiscal, esa información abrió una nueva línea de investigación. Sin embargo, Campos rechazó haber “acusado” a su exfiscal y sostuvo que el Gobierno Federal ya contaba con información previa. También calificó como desproporcionada la imputación por traición a la patria. Hasta ahora, los señalamientos sobre casinos y prestanombres son materia de investigación y no hechos judicialmente acreditados.

LA DEFENSA DE JÁUREGUI ACUSA UNA OPERACIÓN POLÍTICA

La ruptura entre Maru y Jáuregui también se refleja en la estrategia de la defensa. Los abogados del exfiscal han acusado a Campos de traicionarlo políticamente y sostienen que la detención busca frenar sus aspiraciones rumbo a 2027. Una de las versiones difundidas por su defensa señala que Jáuregui pretendía competir por la alcaldía de Chihuahua y que el gobierno estatal tendría interés en favorecer a Santiago de la Peña. Esa acusación no ha sido probada y forma parte de la narrativa de los abogados y familiares del exfuncionario. Campos, por su parte, ha sostenido que su gobierno no protege ni persigue a nadie y que corresponde al Poder Judicial determinar responsabilidades.

EL PROBLEMA YA NO ES SOLO SABER QUIÉN AUTORIZÓ A LA CIA

El origen del caso sigue siendo un operativo realizado contra un narcolaboratorio en Chihuahua. La FGR sostiene que agentes estadounidenses participaron sin autorización en actividades reservadas a autoridades mexicanas. Jáuregui enfrenta por esos hechos dos procesos distintos. En Chihuahua ya fue vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público dentro del expediente estatal. A nivel federal, permanece bajo prisión preventiva mientras se resuelve la acusación de traición a la patria. El debate, sin embargo, ya se extendió hacia la cadena de mando. Si participaron agentes extranjeros, habrá que determinar quién permitió su presencia, quién conocía el operativo y qué nivel de responsabilidad alcanzaba cada autoridad.

UNA RUPTURA QUE TAMBIÉN EXPONE AL PAN DE CHIHUAHUA

El conflicto tiene una dimensión política difícil de ignorar. Jáuregui fue uno de los colaboradores más cercanos de Campos y su defensa recuerda que participó activamente en el proyecto que la llevó a la gubernatura. Ahora, la misma administración estatal abrió investigaciones en su contra mientras la FGR desarrolla su propio expediente. Ese cambio convierte una relación de confianza política en una disputa pública donde cada parte busca fijar responsabilidades. La cercanía previa no prueba culpabilidad ni inocencia, pero sí vuelve relevante una pregunta institucional: si las irregularidades eran conocidas dentro del gobierno estatal, ¿cuándo se detectaron y qué hizo la administración para investigarlas? Ese punto será clave para separar responsabilidades individuales de posibles fallas dentro de una estructura más amplia.

DE LA LEALTAD POLÍTICA A LA RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

En la política mexicana, las rupturas entre gobernantes y antiguos colaboradores suelen leerse inmediatamente como traiciones personales. Ese lenguaje ayuda a explicar la intensidad del conflicto, pero puede ocultar el problema central. Un fiscal no responde solamente ante quien lo nombró. Tiene responsabilidades legales propias y forma parte de una cadena institucional. De igual manera, un gobernador no puede trasladar automáticamente toda responsabilidad a un subordinado si existen decisiones que correspondían a otros niveles de gobierno. Por eso, la discusión debería alejarse de la idea de quién “traicionó” a quién y concentrarse en documentos, órdenes, comunicaciones y testimonios que permitan reconstruir cómo ocurrió realmente el operativo.

EL CASO PUEDE DEJAR UNA HUELLA MÁS GRANDE QUE CHIHUAHUA

Lo que ocurra con Jáuregui puede terminar definiendo límites importantes para la cooperación entre estados mexicanos y agencias extranjeras. También pondrá a prueba la capacidad de las fiscalías para investigar un caso atravesado por intereses políticos sin convertir las declaraciones públicas en sustituto de las pruebas. Este sábado se decidirá si el proceso federal por traición a la patria continúa formalmente. La defensa sostiene que no existen elementos suficientes; la FGR afirma que hubo una intervención extranjera contraria a la legislación mexicana. Mientras tanto, la disputa entre Campos y su antiguo fiscal agrega otra capa al expediente: ya no solo se investiga un operativo, también se examina cómo funcionaba el poder dentro del gobierno de Chihuahua.