El Consejo General del Poder Judicial respaldó parte del anteproyecto impulsado por el Gobierno de España para modificar medidas relacionadas con la violencia vicaria y fortalecer mecanismos de protección hacia menores afectados por delitos de violencia de género, sexual o familiar. La propuesta contempla retirar de manera automática la patria potestad a padres con condena firme, aunque especialistas judiciales plantearon ajustes y revisiones específicas.
El organismo judicial emitió un dictamen favorable sobre la iniciativa, aunque recomendó establecer mecanismos claros que permitan revisar decisiones cuando exista una justificación basada en el interés superior de niñas, niños y adolescentes. La frase clave violencia vicaria en España tomó relevancia después del posicionamiento institucional, debido al impacto que esta propuesta podría generar dentro de procesos familiares y judiciales relacionados con protección infantil.
La iniciativa surgió después de meses de discusión entre ministerios encargados de igualdad, infancia y justicia, debido a diferencias sobre la aplicación automática de medidas relacionadas con patria potestad, custodia y visitas. Mientras algunas dependencias impulsaron restricciones inmediatas en casos vinculados con violencia de género o indicios relevantes, otros sectores insistieron en mantener margen para decisiones judiciales individuales dentro de cada expediente.
Actualmente, la legislación permite restringir visitas y patria potestad, aunque deja espacio para que jueces valoren cada situación particular según el contexto familiar y el bienestar de menores involucrados. Con esta propuesta, autoridades buscan aplicar automáticamente la pérdida de patria potestad en casos con condenas firmes por delitos graves relacionados con violencia física, psicológica, sexual o contra la vida de familiares.
El Poder Judicial también respaldó suspender visitas cuando existan indicios de violencia dentro de procedimientos abiertos, aunque insistió en conservar la participación judicial para revisar cada caso concreto. La violencia vicaria en España también incluye discusión sobre custodia compartida, debido a que especialistas consideran necesario evitar acuerdos familiares cuando puedan afectar la salud emocional, física o psicológica de menores.
Otro punto relevante del proyecto plantea cambios sobre tipificación penal y sanciones para agresores, incluyendo agravantes relacionadas con daño intencional hacia mujeres mediante afectaciones dirigidas a hijos o familiares. Además, el organismo apoyó restricciones para impedir que responsables de delitos relacionados con violencia vicaria difundan públicamente detalles de crímenes, mientras especialistas analizan nuevas reglas sobre formación judicial y participación infantil en decisiones legales.