El caso de Juan Antonio Ávila Salas vuelve a colocar los abusos sexuales contra menores dentro de la Iglesia bajo el reflector en Aguascalientes. El sacerdote, quien se desempeñaba en la parroquia de San Martín de Porres, ya cuenta con una sentencia que lo señala como responsable de violación equiparada y abuso sexual contra dos menores que eran monaguillos. Sin embargo, permanece en libertad debido a los recursos legales promovidos por su defensa, de acuerdo con el fiscal estatal Manuel Alonso García. La Diócesis de Aguascalientes también informó que Ávila Salas fue expulsado del ministerio sacerdotal tras un proceso administrativo penal ordenado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El caso abre ahora una pregunta mayor sobre la actuación de las estructuras religiosas.

EL CASO ÁVILA SALAS SACUDE AGUASCALIENTES

Las acusaciones contra Ávila Salas comenzaron a hacerse públicas en 2025, cuando trascendió que dos menores que participaban como monaguillos lo habían señalado por agresiones sexuales. El sacerdote había ejercido como párroco de San Martín de Porres, en Aguascalientes. En agosto de 2026, el fiscal estatal informó que existe una sentencia en contra del sacerdote, aunque los amparos promovidos por su defensa han impedido que se ejecute su ingreso al CERESO. Paralelamente, la Iglesia determinó separarlo definitivamente del estado clerical.

DE AGUASCALIENTES A ZAPOPAN

El caso de abusos sexuales dentro de la Iglesia adquiere otra dimensión cuando se revisan los antecedentes de religiosos franciscanos en Jalisco. En 2014, Rocío Cázarez Tamayo denunció en Zapopan al sacerdote franciscano Francisco Narez Fernández por abuso sexual. Una investigación de La Jornada señaló que Narez formaba parte del grupo franciscano que resguardaba la Basílica de Zapopan. Cinco años después, el reportaje indicaba que aquella denuncia continuaba sin resultados. El señalamiento debe entenderse como una denuncia documentada y no como una sentencia penal contra el religioso. Sin embargo, el caso forma parte de los antecedentes periodísticos sobre acusaciones de abuso contra integrantes de órdenes religiosas en Jalisco. Por ello, resulta pertinente revisar qué mecanismos institucionales existen cuando un religioso enfrenta una acusación de esta naturaleza.

LA PROVINCIA QUE TIENE SU SEDE EN ZAPOPAN

La conexión con Aguascalientes resulta especialmente relevante porque la Provincia Franciscana de los Santos Francisco y Santiago en México tiene actualmente su sede en la Basílica y Convento de Nuestra Señora de la Expectación, en Zapopan, Jalisco. La propia Provincia informa que cuenta con alrededor de 420 frailes y 53 casas distribuidas en diez estados. Entre ellos se encuentran Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Nayarit. Su historia institucional también señala que la Provincia surgió, entre otras estructuras, a partir del antiguo Convento de San Diego de Aguascalientes. Por tanto, existe una relación histórica y territorial directa entre la estructura franciscana asentada en Zapopan y la presencia de la orden en Aguascalientes.

JORGE ARTURO LUNA Y LA ESTRUCTURA FRANCISCANA

Dentro de esta estructura aparece Fr. Jorge Arturo Luna Villalobos, OFM, religioso franciscano con una larga trayectoria dentro de la Orden. Fuentes franciscanas lo identifican como visitador provincial y la Orden de Frailes Menores también lo registra entre sus visitadores generales. Su nombre aparece además en registros históricos de integrantes de la Provincia Franciscana de los Santos Francisco y Santiago. Sin embargo, no existe en las fuentes revisadas una confirmación reciente que permita presentarlo como el actual ministro provincial. Esta precisión es importante porque la responsabilidad de una institución no puede atribuirse automáticamente a una persona sin acreditar su cargo. Lo que sí puede señalarse es que Luna Villalobos forma parte de la estructura franciscana y ha desempeñado funciones de supervisión dentro de la Orden.

LA FISCALÍA YA TIENE ANTECEDENTES

Los antecedentes en Jalisco muestran que las acusaciones contra ministros de culto no son un fenómeno reciente. Una investigación de La Jornada documentó que la Fiscalía estatal había abierto 28 investigaciones contra ministros de culto durante un periodo de 12 años. Los expedientes incluían acusaciones por delitos sexuales y atentados contra menores. Entre los casos mencionados apareció nuevamente Francisco Narez Fernández, señalado por Rocío Cázarez Tamayo. El reportaje también registró otros expedientes relacionados con sacerdotes acusados de agresiones contra menores. Estos datos no permiten afirmar que todos los señalados hayan sido culpables ni que una orden religiosa sea responsable de cada denuncia. Sí permiten observar que durante años han existido casos que llegaron a las autoridades civiles. La actuación de la Fiscalía, por ello, resulta fundamental para determinar responsabilidades individuales.

¿QUIÉN RESPONDE CUANDO UN SACERDOTE ES SEÑALADO?

La discusión llega entonces a un punto incómodo. El caso de Ávila Salas muestra que una denuncia puede avanzar simultáneamente por las vías religiosa y judicial. La Diócesis informó su expulsión del ministerio, mientras la Fiscalía mantiene pendiente la ejecución de la sentencia debido a los recursos legales de su defensa. En los antecedentes franciscanos de Jalisco, por otro lado, existen denuncias que durante años fueron cuestionadas por sobrevivientes y organizaciones que exigieron respuestas institucionales. Un reportaje de La Jornada recogió incluso señalamientos de organizaciones de sobrevivientes sobre la protección que algunas estructuras religiosas habrían brindado a agresores. Esto no demuestra que la Provincia Franciscana haya encubierto cada caso. Sí plantea una pregunta legítima sobre supervisión, transparencia y rendición de cuentas.

El caso de Juan Antonio Ávila Salas debería marcar un antes y un después en la discusión pública de Aguascalientes. Ya no se trata únicamente de saber qué ocurrió con un sacerdote acusado y posteriormente sancionado. También importa conocer qué protocolos utilizan las instituciones religiosas, quién supervisa su aplicación y qué información reciben las autoridades civiles cuando existen posibles víctimas menores de edad. La Provincia Franciscana de los Santos Francisco y Santiago tiene su sede en Zapopan y mantiene presencia en Aguascalientes. Además, existen antecedentes documentados de denuncias contra religiosos franciscanos en Jalisco. No se puede acusar a toda una orden por los actos de individuos, pero tampoco se puede pedir silencio cuando existen antecedentes que merecen respuestas. La pregunta queda sobre la mesa: ¿quién vigila a quienes tienen la responsabilidad de proteger?