Nueva York y otros 21 estados demandaron al gobierno de Donald Trump. Buscan bloquear una nueva norma migratoria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La medida ampliaría la discrecionalidad de funcionarios para negar visas, green cards o entradas a Estados Unidos. Los agentes podrían considerar si los solicitantes dependen o podrían depender de determinados beneficios públicos.

La nueva norma entraría en vigor el viernes. Su aplicación podría dificultar la residencia permanente para algunos inmigrantes. El cambio contempla beneficios como Medicaid, SNAP y vales de vivienda. También podría considerar otros programas de asistencia sujetos a pruebas de recursos económicos. Los estados demandantes advierten que la medida generaría temor entre familias que actualmente utilizan ayudas públicas.

Estados cuestionan la nueva norma migratoria

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció la demanda junto al alcalde Zohran Mamdani. Ambos presentaron la acción legal durante una conferencia de prensa en Manhattan. La demanda también incluye al Distrito de Columbia y sostiene que el DHS excede su autoridad. Los estados cuestionan la interpretación más amplia del concepto de “carga pública”.

Los demandantes también alegan que la nueva norma resulta arbitraria y caprichosa. Según su argumento, el DHS ignoró consecuencias perjudiciales del cambio. Los estados temen perder miles de millones de dólares en fondos federales. Esa pérdida podría aumentar si las familias dejan de utilizar programas por miedo a consecuencias migratorias.

La medida se relaciona con la norma conocida como “carga pública”. Esta disposición permite negar visas o tarjetas de residencia cuando una persona probablemente dependerá de asistencia gubernamental. Durante años, los funcionarios consideraron principalmente beneficios monetarios. Ahora, la administración Trump plantea ampliar los elementos que podrían evaluar durante los trámites migratorios.

Medicaid y SNAP podrían entrar en las evaluaciones

La nueva regulación no especifica qué programas de seguridad social deben considerarse. Por ello, los funcionarios podrían incluir beneficios no monetarios. Entre ellos aparecen Medicaid, SNAP y vales de vivienda. La posibilidad genera preocupación entre familias inmigrantes que dependen de estos programas para cubrir necesidades básicas.

La norma se concentra en personas que cuentan con estatus legal en Estados Unidos. Los inmigrantes indocumentados no pueden recibir estos beneficios públicos. Sin embargo, las familias de estatus migratorio mixto enfrentan una preocupación particular. Algunos padres podrían evitar solicitar ayudas para sus hijos ciudadanos estadounidenses por temor a consecuencias migratorias.

Los gobiernos locales también cuestionan el impacto económico de la medida. Entre los demandantes aparecen Nueva York, Chicago, San Francisco y Seattle. También participan los condados de Santa Clara y King. Estas ciudades y condados tienen grandes poblaciones inmigrantes y dependen considerablemente de fondos federales.

Demandan frenar la aplicación de la norma

Las demandas llegaron el lunes al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas acciones solicitan declarar ilegal la nueva norma. También buscan impedir que el DHS aplique sus disposiciones. Hasta las primeras horas de la tarde, ningún juez había recibido la asignación del caso.

Los estados calculan pérdidas federales importantes si disminuye la inscripción en programas públicos. La demanda estima una reducción nacional cercana a 4,050 millones de dólares anuales. Ese cálculo corresponde a transferencias federales para Medicaid y CHIP. Los estados demandantes podrían perder cerca de 2,200 millones de dólares.

Los gobiernos estatales también anticipan mayores costos administrativos. Las agencias deberán atender dudas y gestionar la confusión entre las familias. Los demandantes advierten posibles consecuencias para la salud pública, las escuelas y las economías locales. También señalan posibles efectos sobre la seguridad pública si las familias abandonan beneficios legalmente disponibles.

Una política que genera temor entre inmigrantes

Defensores de los inmigrantes alertan sobre el posible efecto disuasorio de la norma. Arline Cruz, de Make the Road New York, señaló preocupación por las familias de estatus migratorio mixto. Su organización recibe consultas sobre posibles consecuencias para hijos ciudadanos que reciben SNAP u otros beneficios.

La regulación representa otro cambio dentro de la política migratoria de Trump. En julio de 2025, el presidente promulgó una ley que modificó la elegibilidad de algunos inmigrantes legales. Esa legislación limitó el acceso a Medicaid y cupones de alimentos para determinados grupos.

La norma actual también retoma elementos utilizados durante el primer gobierno de Trump. En 2020, aquella administración amplió los programas considerados dentro de la evaluación. En 2022, el gobierno de Joe Biden excluyó nuevamente los beneficios no monetarios. La nueva regulación de Trump revocaría esa regla y ampliaría nuevamente los criterios.

Los demandantes sostienen que la medida afectará especialmente a familias inmigrantes vulnerables. También advierten que el temor podría extenderse a personas que mantienen su elegibilidad. La controversia ahora queda en manos del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Mientras tanto, los estados buscan impedir la entrada en vigor de la nueva norma migratoria.