El acuerdo con Israel firmado por la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua abrió una nueva polémica política y ambiental. El colectivo Salvemos los Cerros denunció que el plan de cooperación con Mashav, la agencia israelí de cooperación internacional, se firmó el 23 de febrero de 2023 sin registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores ni ante la Amexcid. El convenio, vigente hasta 2027, plantea transferencia de tecnología para el uso eficiente del agua y la seguridad hídrica. Sin embargo, los activistas acusan que la JCAS no informó resultados claros ni cumplió los controles federales que exige la Ley sobre la Celebración de Tratados.

EL PUNTO LEGAL DEL CONFLICTO

La discusión no se reduce a si Chihuahua necesita tecnología para enfrentar la sequía. El punto central está en cómo se firmó el convenio y quién debía revisarlo. La Ley sobre la Celebración de Tratados define los acuerdos interinstitucionales como convenios entre organismos públicos mexicanos y órganos gubernamentales extranjeros. Además, la propia SRE señala que las dependencias estatales o municipales deben coordinarse con esa Secretaría cuando pretendan celebrar este tipo de instrumentos. De acuerdo con la denuncia, una respuesta de transparencia de la SRE indicó que no localizó instrumentos jurídicos celebrados entre Israel y el estado de Chihuahua, lo que fortaleció las críticas del colectivo.

AGUA, SOBERANÍA Y EMPRESAS

El acuerdo con Israel preocupa porque toca un tema sensible: el control del agua en un estado marcado por sequía, presión agrícola y estrés hídrico. Salvemos los Cerros acusó que el plan resulta ambiguo en sus alcances y que podría favorecer contratos con el sector privado israelí. También señaló una contradicción: el documento hablaría de tecnología agrícola, aunque la JCAS tiene atribuciones centradas en agua y saneamiento urbano. En ese contexto, la crítica no solo apunta al trámite legal. También cuestiona qué modelo de gestión hídrica se impulsa, quién gana con la transferencia tecnológica y si la población conocerá los resultados reales del convenio.

LA DEFENSA DE LA JCAS

Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la JCAS, rechazó que el convenio tenga un trasfondo político, militar o de entrega de recursos. Según su postura, el objetivo fue buscar tecnología y proveeduría para mejorar el sistema del agua en Chihuahua, especialmente ante los efectos de la sequía. También calificó las críticas como exageradas y sostuvo que el acuerdo tiene fines técnicos. La propia JCAS informó desde 2023 que el acercamiento con la Embajada de Israel se enfocó en saneamiento, riego eficiente, educación hídrica y herramientas para políticas públicas. Sin embargo, la defensa institucional no elimina la exigencia de transparencia sobre documentos, registros, contratos y resultados verificables.

UNA DISCUSIÓN QUE APENAS EMPIEZA

El caso deja una pregunta mayor para Chihuahua y para otros estados: cómo cooperar con gobiernos extranjeros sin brincar controles federales ni cerrar la información pública. La tecnología para el agua puede ser útil, pero no debería operar como una caja negra. Si el convenio cumple la ley, la JCAS tendría que demostrarlo con documentos completos, registros y avances medibles. Si no lo hizo, el asunto exige revisión institucional. En un país donde el agua ya forma parte de los conflictos sociales más delicados, la transparencia no es un trámite menor. Es la condición mínima para evitar que una solución técnica termine convertida en problema político.