Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlali Jáuregui Acosta fueron asesinadas en Salamanca, Guanajuato, días antes del 10 de mayo. Ambas integraban el colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Patricia inició la búsqueda de su hijo Miguel Ángel después de su desaparición en febrero de 2024. Un mes más tarde, familiares localizaron al joven sin vida en una fosa clandestina. Desde entonces, madre e hija continuaron apoyando a otras familias que enfrentaban situaciones similares dentro del estado.
El ataque ocurrió mientras Patricia y Katia circulaban en motocicleta por calles de Salamanca. Hombres armados interceptaron a ambas mujeres y dispararon contra ellas. Organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron el crimen y exigieron una investigación inmediata. Integrantes de colectivos señalaron que el caso refleja el nivel de riesgo que enfrentan las personas buscadoras en Guanajuato. Además, denunciaron la falta de protección efectiva para quienes participan en labores de localización y acompañamiento comunitario.
La violencia contra buscadoras ha aumentado en distintas regiones del país durante los últimos años. Datos de organizaciones civiles indican que al menos 22 personas buscadoras fueron asesinadas desde 2019. Seis de esos casos ocurrieron en Guanajuato, entidad donde colectivos enfrentan amenazas constantes. Apenas semanas antes, asesinaron a Cecilia García Ramblas, también integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Compañeras de Patricia y Katia consideran que las agresiones buscan sembrar miedo entre quienes continúan exigiendo verdad y justicia.
Familiares y colectivos realizaron movilizaciones para exigir justicia por el asesinato de ambas mujeres. Durante una marcha en Salamanca, participantes portaron mantas con la leyenda “Buscadoras caídas”. También recordaron que miles de madres mexicanas enfrentan desapariciones y violencia mientras intentan localizar a sus familiares. El asesinato ocurrió en vísperas del Día de las Madres, fecha que colectivos utilizan cada año para visibilizar la crisis nacional de desapariciones y exigir respuestas de las autoridades.
La fundadora del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, Alma Lilia Tapia, aseguró que el crimen provocó temor e incertidumbre entre las integrantes. Señaló que muchas compañeras dejaron de asistir a movilizaciones por razones de seguridad. Además, acusó que autoridades municipales no han brindado medidas especiales de protección para las buscadoras. La activista recordó que Patricia permaneció activa dentro del colectivo incluso después de encontrar a su hijo Miguel Ángel en una fosa clandestina.
La violencia contra buscadoras mantiene preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos. Guanajuato registra miles de personas desaparecidas desde 2018 y Salamanca figura entre los municipios con más reportes. Colectivos consideran urgente fortalecer medidas de seguridad y garantizar investigaciones efectivas sobre ataques contra personas buscadoras. Mientras tanto, familiares de Patricia y Katia exigen justicia y mantienen viva la memoria de ambas mujeres, quienes transformaron el dolor personal en una lucha colectiva.