El Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma que obliga a las autoridades estatales a implementar acciones afirmativas para eliminar barreras que mantienen desigualdades entre mujeres y hombres y que pueden contribuir a escenarios de violencia de género.
El dictamen, impulsado por la diputada Arlette Muñoz Cervantes, adiciona el artículo 7 Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado. La propuesta fue avalada con 23 votos durante la sesión del 28 de octubre.
La reforma busca mover parte de la política pública de una lógica reactiva hacia una visión preventiva.
Es decir, no esperar únicamente a que ocurra una agresión para intervenir.
¿QUÉ CAMBIA CON LA REFORMA?
La modificación establece que las autoridades deberán diseñar, implementar y evaluar acciones afirmativas dirigidas a reducir obstáculos estructurales que dificultan alcanzar una igualdad sustantiva.
Eso puede involucrar políticas para mejorar el acceso de las mujeres a educación, empleo, participación pública y otras oportunidades.
El Congreso define la reforma como una herramienta para fortalecer la igualdad y combatir factores que contribuyen a la violencia de género.
Sin embargo, la aprobación de una nueva obligación legal abre también otra pregunta: cómo se traducirá en programas concretos, presupuestos, indicadores y mecanismos de evaluación.
Porque una disposición puede establecer responsabilidades, pero sus resultados dependerán de la forma en que las instituciones la lleven a la práctica.
EL CASO DE ALEIDA VOLVIÓ A PONER EL TEMA SOBRE LA MESA
Durante su posicionamiento, Muñoz recordó el reciente caso de Aleida, una mujer de 37 años cuya muerte, de acuerdo con lo expresado por la legisladora, estuvo relacionada con violencia ejercida por su pareja.
“La historia de Aleida no es una más ni debe quedar en una cifra”, expresó.
La diputada sostuvo que las víctimas necesitan protección, acompañamiento y acceso efectivo a la justicia.
El caso fue utilizado como ejemplo de por qué la violencia contra las mujeres no debería analizarse únicamente después de que ocurre una agresión grave.
También obliga a observar qué señales de riesgo existieron antes y qué capacidad tienen las instituciones para detectarlas.
PREVENIR SIGNIFICA ACTUAR ANTES
La discusión sobre violencia de género suele concentrarse en denuncias, órdenes de protección, investigaciones y sanciones.
Todas son necesarias.
Pero la reforma busca colocar también atención en las condiciones que aparecen antes de que una situación escale.
La prevención puede incluir acceso a información, acompañamiento, capacitación institucional y reducción de desigualdades que colocan a determinadas mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Por ello, el cambio legal puede ser relevante, aunque su impacto todavía tendrá que medirse.
LA LEY ES EL PRIMER PASO
Aguascalientes ya cuenta con distintas normas destinadas a prevenir y atender la violencia contra las mujeres. En semanas recientes, el Congreso también ha aprobado otras reformas relacionadas con igualdad, brecha salarial, violencia digital y ataques con sustancias corrosivas.
El desafío no está únicamente en seguir ampliando el marco jurídico.
También estará en saber si las víctimas encuentran respuestas cuando recurren a las instituciones.
La aprobación del artículo 7 Bis amplía las obligaciones de las autoridades. Ahora tendrá que demostrar su utilidad fuera del Congreso.
Porque combatir la violencia contra las mujeres no se mide únicamente por cuántas reformas se aprueban, sino por cuántas situaciones pueden prevenirse antes de convertirse en otra historia como la de Aleida.