La conservación del patrimonio del Centro Histórico de la Ciudad de México enfrenta un reto que, de acuerdo con Loredana Montes López, titular del Fideicomiso Centro Histórico, resulta incluso más importante que el abandono o la presión turística: la falta de coordinación entre autoridades, iniciativa privada y ciudadanía. Durante un encuentro organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la funcionaria advirtió que este espacio necesita reglas claras y una responsabilidad compartida para mantener su valor histórico sin frenar las actividades que le dan vida. El planteamiento cobra relevancia porque el Centro Histórico no solo reúne edificios de distintas épocas; también concentra viviendas, comercios, espacios culturales y dinámicas sociales que forman parte de su identidad.

Montes López sostuvo que proteger el Centro Histórico no significa convertirlo en una zona inmóvil. Por el contrario, señaló que la conservación debe acompañarse de cultura cívica, respeto a las normas y acuerdos entre quienes intervienen en el territorio. Esta visión coincide con el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico, que plantea una protección dinámica y reconoce que el patrimonio incluye tanto los inmuebles y vestigios arqueológicos como las tradiciones, conocimientos y prácticas culturales transmitidas entre generaciones. Además, el plan considera líneas de acción relacionadas con habitabilidad, patrimonio, espacio público, economía, movilidad y participación ciudadana. De esta manera, conservar implica atender simultáneamente las necesidades de quienes viven, trabajan y visitan la zona.

La conservación del patrimonio también debe considerar que no todos los sectores del Centro Histórico enfrentan las mismas condiciones. Montes López explicó que las medidas de protección para los perímetros A y B deben tomar en cuenta la trayectoria y configuración particular de cada espacio. El Centro Histórico fue declarado Zona de Monumentos Históricos en 1980 y, siete años después, ingresó a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La zona de monumentos comprende 9.1 kilómetros cuadrados y 668 manzanas, con vestigios prehispánicos y construcciones que abarcan desde el siglo XVI hasta el XX. Su dimensión histórica explica por qué cualquier intervención requiere criterios diferenciados y una visión que combine protección, habitabilidad y desarrollo urbano.

La discusión sobre el futuro de la zona también alcanza a los barrios tradicionales, que Montes López definió como entornos vivos con dinámicas distintas a las de décadas anteriores. A ello se suman problemas como el manejo de residuos y las condiciones ambientales, que requieren políticas públicas de mediano plazo. En este contexto, el reto consiste en evitar dos extremos: permitir que el deterioro avance o imponer una protección que desconozca las necesidades actuales de la población. El Plan Integral de Manejo 2023-2028 precisamente plantea la coordinación institucional y la participación social como elementos para conservar el sitio. Además, el gobierno capitalino entregó este instrumento a la UNESCO en 2024, con el objetivo de fortalecer la gestión y evaluación de las acciones en la zona.

La importancia de este debate radica en que el Centro Histórico representa mucho más que una colección de monumentos. Su valor patrimonial está ligado a la relación entre arquitectura, memoria, espacio público, actividades económicas y formas de vida que continúan transformándose. Por ello, la advertencia del Fideicomiso apunta a un problema de gobernanza: sin coordinación, incluso las políticas destinadas a proteger el patrimonio pueden resultar insuficientes o entrar en conflicto con las necesidades urbanas. En cambio, una estrategia compartida puede permitir que la zona conserve su valor histórico mientras sigue siendo habitable y accesible. La conservación, en ese sentido, no consiste únicamente en restaurar edificios, sino en asegurar que el patrimonio permanezca integrado a la vida cotidiana de la ciudad.