El adeudo de Magnicharters con el Estado mexicano asciende a 63.4 millones de pesos, de acuerdo con los estados financieros de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). La aerolínea, que suspendió operaciones en 2026, no solo dejó pasajeros varados y trabajadores sin el pago de sus salarios, sino también una importante deuda por el suministro de turbosina. Ante la falta de pagos, ASA suspendió el abastecimiento de combustible desde el 1 de abril e inició un proceso para recuperar los recursos. El caso vuelve a poner en evidencia las consecuencias financieras y operativas que dejó el cierre de una de las compañías aéreas con mayor trayectoria en el país.

Según el reporte financiero con corte al 31 de marzo, Grupo Aéreo Monterrey, empresa propietaria de Magnicharters, mantiene un pasivo de 60.4 millones de pesos por combustible, además de tres millones de pesos por intereses moratorios, lo que eleva el monto total a 63.4 millones. La suspensión del servicio de turbosina marcó un punto crítico para la empresa, que ya enfrentaba severos problemas financieros. Además, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) había detectado diversas irregularidades durante una verificación técnico-administrativa realizada desde enero de 2026, situación que derivó posteriormente en la suspensión temporal de su Certificado de Operador Aéreo.

El adeudo de Magnicharters representa solo una parte de la crisis que enfrentó la empresa antes de dejar de operar. El deterioro comenzó a hacerse visible desde finales de 2025, cuando un piloto protagonizó un incidente tras ser despedido, episodio que expuso las dificultades internas de la compañía. Meses después, durante la temporada vacacional de Semana Santa de 2026, la aerolínea anunció la suspensión de sus vuelos bajo el argumento de problemas logísticos, aunque ya existían reportes sobre complicaciones para cubrir pagos de combustible en Estados Unidos. Con ello, Magnicharters se sumó a la lista de aerolíneas mexicanas que cesaron operaciones tras enfrentar problemas financieros.

El cierre de la empresa no solo afectó a clientes y empleados, sino que también dejó pérdidas para organismos públicos y abrió cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión del sector aeronáutico. La recuperación de los recursos adeudados será uno de los principales retos para las autoridades, mientras el caso evidencia la importancia de fortalecer la vigilancia financiera y operativa de las aerolíneas para evitar impactos similares en el futuro.