Última partida: la reelección del ‘lopezobradorismo’
Última partida: la reelección del ‘lopezobradorismo’
Todo se puede criticar del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay un tema en el que, a estas alturas, incluso sus acérrimos enemigos coinciden: es un formidable estratega político-electoral. Un fenómeno por su astucia y eficacia que no ha encontrado aún opositores de su misma estatura.
Viene anunciando desde hace unos días lo que será su última partida antes de dejar la Presidencia. Todavía sabemos poco de la serie de reformas constitucionales que presentará el próximo lunes 5 de febrero, pero con lo enunciado hasta hoy basta para darse cuenta de que se trata de un meteorito cuya gravedad impactará con fuerza sobre el Estado, las instituciones y las facciones políticas que gobiernan al país.
¿De qué se trata realmente este paquete de propuestas? Será, en su forma, una ambiciosa agenda legislativa, pero su contenido desborda esa definición. Será también un programa de gobierno que le permita López Obrador reelegir sus ideas —sin que para ello se necesite su persona— aunque para que tal cosa ocurra tendría que lograrse antes su aprobación en el Congreso, así que es pronto para considerarle como tal.
En el discurso podría presentarse también como una Reforma del Estado, con letras doradas y grandotas. No obstante, la miscelánea un tanto dislocada obligaría a desechar tan pomposa etiqueta, igual que se hace con la ropa que nos queda grande.
¿Qué es entonces? Es una plataforma electoral que ordenará las prioridades de la estrategia lopezobradorista de cara a las próximas elecciones nacionales. Después —solo en caso de resultar exitosa— podría imponerse como programa de gobierno para la futura administración, pero esto último aún está por verse.
El lugar común del análisis ha restado valor a este paquete de reformas constitucionales porque es obvio que hoy no cuenta con ninguna posibilidad de salir triunfador. Aunque gozan de una mayoría holgada, las fuerzas del oficialismo en ambas cámaras federales son insuficientes para hacer que prospere el conjunto de las iniciativas.
El asunto merece, sin embargo, una mirada más sofisticada. En la concepción de esta estrategia López Obrador invirtió el sentido de las manecillas. En vez de seguir el camino tradicional, es decir, presentar las iniciativas y negociar una mayoría calificada para aprobarlas, busca conseguir esa mayoría —en las urnas— para después aplastar con su propuesta de reformas.
En los hechos este paquete servirá como bandera para consolidar la base electoral lopezobradorista y —solo si las cosas salen como han sido planeadas— el movimiento podría conseguir los escaños requeridos para garantizar la anhelada hegemonía.
En el calendario de esta estrategia, el primer día de campaña será el próximo lunes 5 de febrero, fecha en que se conmemora el aniversario número 106 de la Constitución de 1917. El Presidente anunció que, contrario a la costumbre, esta vez no acudirá a la ciudad de Querétaro, porque más importante que celebrar la historia pasada es hacerlo con la que está por venir. No lo dijo con estas palabras, pero en sus propios y muy particulares términos este fue el mensaje transmitido.
Con este acto, López Obrador pretende erigirse en el gran constituyente del México futuro y para eso presentará alrededor de 10 iniciativas cuya relevancia ocupará gran parte el debate político, al menos durante los meses de febrero y marzo.
La genialidad de la estrategia es que consideró con tino los tiempos electorales. Mientras Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez estarán obligados, por ley, a flotar inertes y mudos en el extrañísimo limbo de la intercampaña, en el debate sobre las reformas constitucionales, el Presidente obtendrá una ventaja incomparable para eclipsar inclusive a su propia candidata.
En lo que los demás actores se encuentran limitados para descollar, López Obrador explotará al máximo la libertad que él sí tiene para hablar de temas electorales sin que, por la envoltura que les disfraza, puedan ser imputados como tales. Con todo, este paquete de reformas ha sido concebido como una extensa red de pescador cuyo propósito real es captar al mayor número de votantes para los comicios de junio.
Las iniciativas referidas pueden ubicarse bajo la manida clasificación de buenas, malas y peores. Las buenas son aquellas que, por sentido común, despiertan consenso rápido. Las malas son las que tratan de pasar por buenas, pero en su panza anida un montón de problemas. Y las peores serían las que tienen como verdadera intención, no solo la reelección del lopezobradorismo, sino la aniquilación de la pluralidad política del país, o lo que es lo mismo, la hegemonía de la llamada cuarta transformación.
Aunque podrían requerirse lentes más sofisticados para su análisis, las iniciativas buenas son aquellas que parecen buenas, por ejemplo, mejorar las pensiones, acabar con la burocracia dorada, reducir el despilfarro de las campañas políticas, aumentar el salario mínimo y, (¿por qué no?), que en este país las personas volvamos a viajar en tren.
Las malas son aquellas que quieren dinamitar las instituciones creadas para aportar certidumbre, independientemente de quién gobierne el país. Implican temas considerados como de Estado y no de gobierno. Entre ellas están la política de transparencia (INAI), de competencia económica (Cofece), de regulación energética (CRE) telecomunicaciones (IFT), de derechos humanos (CNDH) o de política monetaria (Banco de México). Destaca entre ellas la política electoral, entregada en 1996 al IFE y después de la reforma del 2014 al INE.
La idea general del paquete de reformas por venir es regresar varias de estas responsabilidades a manos del gobierno en turno. Propone López Obrador, por ejemplo, que los subordinados del Presidente se encarguen de garantizar el derecho a la información o la regulación de las telecomunicaciones. Quiere, en efecto, volver en el tiempo sin considerar que el mal funcionamiento del arreglo previo fue lo que dio origen a estos órganos autónomos.
La peor parte del paquete se sustenta en tres perversiones: asegurar la creciente militarización del país, restarle capacidad de contrapeso constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reducir al mínimo la representación política de las oposiciones. De eso va la insistencia para subordinar definitivamente la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, someter al supuesto voto popular a jueces, magistradas y ministras y, lo más grave de todo, desaparecer el principio de representación proporcional del sistema democrático mexicano. Es decir, sustituir la pluralidad actual con una aplastante y monolítica mayoría.
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/ultima-partida-la-reeleccion-del-lopezobradorismo
