El trafico de armas desde Estados Unidos a México ah sido uno de los principales problemas y probablemente, razón para que tengan el poder que hoy tienen.
Foto: insightcrime.org
El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, afirmó recientemente que su país no es responsable de la situación del crimen organizado en México, lo cual es inaceptable. Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas, y la mayoría ingresan por la frontera sur, donde los cárteles mexicanos luchan violentamente por el control del tráfico.
Las agencias de seguridad fronteriza de Estados Unidos conocen bien cómo y cuándo entra la droga, y seleccionan a quienes la introducen desde México. Un ejemplo de esto es El Mayo, quien, tras años de ser intocable en México, apareció tranquilamente en un aeropuerto de Texas.
El presidente Barack Obama reconoció esta corresponsabilidad, pero la administración de Biden, representada por Salazar, la niega, complicando la negociación para México. El crimen organizado se ha expandido a otros tráficos ilegales, como personas, armas, órganos y divisas, con el comercio de drogas como su principal fuente de ingresos, respaldado por agencias oficiales de Estados Unidos.
El sistema financiero global oculta los montos de estos tráficos, y México carece de una agencia especializada en seguridad internacional. La responsabilidad del gobierno mexicano es proteger a sus ciudadanos de los efectos devastadores de estas industrias, una tarea difícil dado su alcance en la economía nacional.
Desde 2007, el crimen organizado ha funcionado como una técnica de gobierno, llevando a la sociedad a una “guerra de todos contra todos”. La violencia cotidiana ha roto el tejido social, y la reforma judicial es una oportunidad para democratizar la sociedad mexicana. Sin embargo, si no se acompaña de una nueva cultura jurídica, prevalecerán la corrupción y la impunidad. La transparencia en las operaciones jurídicas es esencial para proteger a jueces y juzgados, respaldada por la opinión pública.
