WASHINGTON.— La Guardia Nacional en Washington cumple casi un año en las calles y, lejos de ser una medida temporal, su presencia ya tiene horizonte hasta enero de 2029. Donald Trump ordenó el despliegue el 11 de agosto de 2025 bajo el argumento de combatir la delincuencia y reforzar la seguridad en la capital estadounidense. Sin embargo, la permanencia de miles de efectivos ha abierto un conflicto político sobre los límites del poder federal y la autonomía del Distrito de Columbia. Hasta el 4 de agosto, más de 4,600 militares de Washington y de 24 estados y territorios continuaban desplegados, mientras residentes y funcionarios cuestionan la necesidad de mantener tropas en zonas donde los delitos violentos son poco frecuentes.

El despliegue también enfrenta una paradoja: la delincuencia en Washington ha seguido disminuyendo, pero resulta difícil determinar cuánto de esa reducción puede atribuirse directamente a la intervención federal. Las cifras de la policía metropolitana muestran que los delitos bajaron 20% hasta el 7 de agosto frente al mismo periodo de 2025, mientras los homicidios descendieron 32%, de 97 a 66. Además, la procuraduría general del Distrito de Columbia atribuye al operativo más de 13,000 arrestos. Trump sostiene que su estrategia convirtió la capital en una ciudad más segura, pero sus críticos recuerdan que los índices delictivos ya descendían antes del despliegue. La extensión hasta 2029, además, tendría un costo estimado de 1,400 millones de dólares.

La discusión sobre la Guardia Nacional en Washington va más allá de las cifras de criminalidad y toca directamente el limitado autogobierno del distrito. Washington cuenta con autoridades locales elegidas por sus habitantes, pero el Congreso conserva amplias facultades sobre su presupuesto y sus leyes, mientras el gobierno federal mantiene control sobre la Guardia Nacional. Esta estructura permitió a Trump ampliar su intervención con pocas herramientas institucionales para que los funcionarios locales pudieran frenarla. La situación ya influye en la política de la ciudad: candidatos como Janeese Lewis George y Robert White Jr. han colocado la autonomía y la eventual condición de estado entre sus principales prioridades. El conflicto, por tanto, podría convertirse en un asunto electoral de alcance nacional.

El futuro del despliegue también genera inquietud ante las próximas elecciones. Algunos residentes y grupos activistas temen que la presencia militar en las calles pueda adquirir una dimensión política si Washington vuelve a convertirse en escenario de protestas o disturbios. La preocupación cobra especial relevancia después de la violencia del 6 de enero de 2021 y ante las elecciones presidenciales de 2028. Mientras tanto, la alcaldesa saliente Muriel Bowser ha optado por una postura más cautelosa, buscando preservar el margen de autonomía que todavía conserva la ciudad sin provocar una confrontación directa con Trump. En este contexto, la prolongación de la misión representa algo más que una operación de seguridad: se ha convertido en una disputa sobre quién decide cómo se gobierna la capital estadounidense.