La Fiscalía General del Estado de Baja California abrió una investigación contra un centro de rehabilitación ubicado en Tijuana. La denuncia señala presuntos actos de maltrato, humillación y privación ilegal de la libertad contra una mujer trans. El caso generó polémica después de la difusión de videos en redes sociales. Organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron acciones inmediatas para esclarecer los hechos y garantizar la protección de la víctima involucrada.

El Comité de Colectivas y Colectivos LGBTTTIQA+ presentó formalmente la denuncia contra la Patrulla Espiritual. Según los activistas, los hechos ocurrieron el pasado 9 de mayo en Tijuana. La organización afirmó que personal del centro trasladó a Karim Emanuel contra su voluntad hacia una supuesta rehabilitación. Durante ese proceso, la víctima pidió ayuda y expresó claramente su negativa a permanecer dentro del establecimiento especializado en adicciones.

Los colectivos denunciaron actos de humillación relacionados con la identidad y expresión de género de la víctima. Además, señalaron intentos para imponer vestimenta masculina y cortar el cabello de la mujer trans. Para las organizaciones, estas acciones representan violencia psicológica, simbólica y de género. También consideran que los hechos encuadran dentro de los llamados Ecosig, prácticas prohibidas en Baja California por afectar el libre desarrollo de la personalidad.

La fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez confirmó la existencia de una carpeta de investigación contra el centro de rehabilitación. La funcionaria indicó que las autoridades investigarán posibles delitos relacionados con privación ilegal de la libertad y otros actos derivados del caso. Además, adelantó que revisarán las condiciones y protocolos internos del establecimiento. La investigación buscará determinar responsabilidades y verificar el trato recibido por la víctima durante su estancia.

El caso también provocó una respuesta inmediata del gobierno estatal y organismos defensores de derechos humanos. La Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género anunció nuevas medidas para reforzar protocolos dentro de los centros de rehabilitación. Las autoridades señalaron que todos estos espacios deben respetar la dignidad humana y actuar con perspectiva de derechos humanos. También reiteraron que ninguna persona pierde sus garantías individuales debido al consumo de sustancias.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California abrió un expediente de oficio tras la denuncia pública. El organismo emitió medidas cautelares para proteger la integridad física y emocional de la mujer trans involucrada. Un visitador acudió al centro para verificar las condiciones actuales de la víctima. Según las primeras revisiones, las autoridades afirmaron que la persona recibe un trato respetuoso mientras continúa el seguimiento oficial del caso.

Organizaciones civiles insistieron en que la violencia contra persona trans continúa representando un problema grave dentro de distintos espacios sociales. Los colectivos exigieron investigaciones transparentes y sanciones ejemplares para evitar nuevos casos relacionados con discriminación y abusos dentro de centros especializados en atención a las adicciones.