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IMSS-BIENESTAR DA CASI 10 MIL MDP EN CONTRATOS DE LIMPIEZA

IMSS-Bienestar entrega contratos de limpieza por casi 10 mil mdp a empresas con perfiles y antecedentes que generan dudas

Pilar Chavez3 min de lectura
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IMSS-BIENESTAR DA CASI 10 MIL MDP EN CONTRATOS DE LIMPIEZA

El IMSS-Bienestar adjudicó contratos de limpieza hospitalaria por casi 10 mil millones de pesos a dos empresas cuyos antecedentes y experiencia generan dudas sobre el proceso. Contratos de limpieza por siete mil 359 millones de pesos terminaron en manos de un consorcio encabezado por Laumir Empresa de Seguridad Privada, firma que modificó su objeto social para incluir servicios de aseo apenas cinco meses antes de la licitación. Además, Slycom, creada en 2023 y sin contratos públicos previos hasta este año, obtuvo otros dos mil 618 millones de pesos. Los casos llaman la atención por la rapidez con la que ambas compañías escalaron en la contratación federal y por los vínculos empresariales que rodean a Laumir.

Laumir fue fundada en 2011 en Coyoacán y durante años se dedicó principalmente a la seguridad privada, con servicios de vigilancia, traslado de valores y custodia. Sin embargo, en noviembre de 2025 sus administradores ampliaron el objeto social para incorporar la limpieza y la intendencia, justo meses antes del concurso del IMSS-Bienestar. La empresa encabezó entonces un consorcio junto con Diainoco, Ecodeli Industrial y Limpieza Geminis, y consiguió el contrato más cuantioso de la licitación. El crecimiento resulta notable: según los datos citados en la investigación, Laumir pasó de recibir 50 millones de pesos mediante 16 contratos entre 2019 y 2024 a obtener 572 millones en 2025 y más de siete mil millones en 2026. La magnitud del salto explica el interés sobre el caso.

El expediente también expone conexiones empresariales que amplían las interrogantes alrededor de contratos de limpieza. En noviembre de 2024, Christian Pablo Varela Escobedo apareció como representante legal de Laumir; anteriormente también había representado a SERPROSEP, Armour King y SETER, compañías con importantes contratos federales durante la actual administración. Además, una dirección relacionada con estos negocios coincide con un inmueble de Julia Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad. La investigación citada también señala vínculos de SERPROSEP y Armour King con personas mencionadas en pesquisas de la Fiscalía General de la República. Estos elementos no prueban por sí mismos irregularidades en la adjudicación, pero sí plantean preguntas sobre las redes empresariales detrás de los proveedores beneficiados.

Slycom presenta un perfil diferente, aunque igualmente llamativo. La empresa nació en Chalco en diciembre de 2023 y, según la información disponible en la investigación, hasta comienzos de 2026 no había obtenido contratos públicos. En enero, el IMSS-Bienestar le asignó directamente 234 millones de pesos para limpiar hospitales de Ciudad de México durante dos meses, bajo una justificación de emergencia relacionada con posibles riesgos para servicios públicos y la salubridad. Poco después, Slycom consiguió contratos con otras dependencias federales y, en abril, encabezó un consorcio que ganó partidas del IMSS-Bienestar por dos mil 618 millones de pesos en cinco estados. Además, los documentos de la licitación muestran diferencias relevantes en el costo por trabajador, especialmente en Puebla, donde el precio reportado alcanzó 41 mil 238 pesos mensuales.

El caso cobra relevancia porque la limpieza hospitalaria no constituye un servicio menor: tiene relación directa con las condiciones sanitarias de instalaciones donde reciben atención miles de personas. Por ello, los montos, la experiencia previa de los proveedores y las condiciones económicas de las propuestas adquieren especial importancia cuando se asignan recursos públicos de esta magnitud. El crecimiento acelerado de Laumir y Slycom no demuestra por sí mismo que existan irregularidades, pero sí justifica revisar con detalle los criterios utilizados por el IMSS-Bienestar, la competencia entre participantes y la capacidad real de las empresas para cumplir los servicios contratados. En un contexto de presión sobre el gasto público, la transparencia de estas adjudicaciones será determinante para establecer si los contratos respondieron a necesidades operativas o generaron ventajas difíciles de explicar.