La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela advirtió que las estructuras estatales vinculadas con la represión y las violaciones a los Derechos Humanos permanecen prácticamente intactas, pese a algunas mejoras registradas durante el último año. El informe señala que, después de la captura de Nicolás Maduro durante el ataque de Estados Unidos contra Caracas el pasado 3 de enero, disminuyeron de manera significativa las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas. Sin embargo, la represión en Venezuela continúa representando un desafío para las autoridades, debido a que funcionarios señalados por graves abusos permanecen en puestos relevantes o fueron reasignados dentro del aparato estatal.
La presidenta de la Misión, Sofía Macher, señaló que cualquier apertura en materia de Derechos Humanos seguirá siendo frágil mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investiguen los abusos cometidos. El organismo reconoció algunos cambios favorables, entre ellos la liberación de cientos de presos políticos y un entorno más abierto para realizar protestas y reuniones públicas. No obstante, también alertó que estos avances no estuvieron acompañados por reformas institucionales capaces de garantizar una transformación sostenida. Para la Misión, la permanencia de las estructuras y prácticas anteriores limita el alcance de las medidas adoptadas y mantiene abierta la posibilidad de que las restricciones vuelvan a intensificarse.
Otro de los puntos señalados en el documento es la permanencia de funcionarios identificados por la ONU por su presunta participación en graves violaciones de Derechos Humanos. La Misión tiene identificados a alrededor de 20 servidores públicos que, según el informe, continúan en posiciones estratégicas o fueron trasladados a otros cargos después del supuesto traspaso de poderes a Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada. La represión en Venezuela también se refleja, de acuerdo con el organismo, en la investigación de 64 nuevos casos de tortura posteriores a la captura de Maduro. Además, la Misión cuestionó la vigencia de leyes utilizadas para criminalizar la disidencia y señaló que los cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia conservan estructuras, políticas y prácticas similares a las anteriores.
El informe también pone atención en los grupos comunitarios que, según la Misión, han representado una fuente constante de intimidación y violencia. El organismo considera necesario desarmarlos o desmantelarlos y cuestiona que el Ejecutivo encabezado por Rodríguez no haya tomado medidas al respecto. En este contexto, la ONU sostiene que la reducción de algunas de las formas más severas de represión constituye un cambio relevante, pero insuficiente por sí solo. La situación plantea un reto institucional para Venezuela: convertir las medidas puntuales en reformas permanentes que garanticen derechos, reduzcan la impunidad y eviten que los mecanismos utilizados para perseguir a la disidencia vuelvan a operar con la misma intensidad.