Vulcan Materials informó a sus inversionistas que mantiene la propiedad de los terrenos donde operaba su filial Calizas Industriales del Carmen (Calica) en Quintana Roo, pese al fallo parcial emitido por un tribunal internacional dentro del arbitraje que la compañía mantiene contra México desde 2018. La empresa señaló que los predios y la zona cercana al puerto representan activos de gran valor estratégico.
Durante una llamada con analistas e inversionistas, Ronnie Pruitt, director general de Vulcan Materials, afirmó que la compañía conserva las tierras y destacó la importancia económica de los terrenos ubicados en la entidad. El directivo explicó que la empresa continúa atendiendo a sus clientes en Estados Unidos mediante otras fuentes de suministro después de la clausura de las operaciones de Calica en 2022.
La disputa por las tierras de Quintana Roo surgió después de las medidas aplicadas por autoridades mexicanas sobre las actividades extractivas de la compañía en la zona. Pruitt aseguró que el tribunal internacional determinó que algunas acciones del gobierno mexicano fueron arbitrarias y violaron disposiciones relacionadas con el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El director general de Vulcan explicó que, aunque los tres integrantes del tribunal reconocieron afectaciones relacionadas con las acciones de México, la mayoría de los árbitros otorgó únicamente daños considerados inmateriales. El tercer integrante presentó una opinión diferente sobre esa determinación, por lo que la resolución no cumplió completamente con las expectativas de la empresa.
Área Natural Protegida generó conflicto legal
En septiembre de 2024, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal decretó un Área Natural Protegida con una extensión superior a 53 mil hectáreas en los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel. Dentro de esa superficie, alrededor de 2 mil 387 hectáreas corresponden a terrenos relacionados con la filial de Vulcan Materials.
El decreto estableció restricciones para la extracción de piedra caliza en la zona, aunque las autoridades mexicanas señalaron que la medida no implicó una transferencia de propiedad hacia el Estado. Funcionarios federales, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, indicaron anteriormente que los terrenos continuaban perteneciendo a la empresa y que la decisión únicamente limitaba las actividades de explotación.
Vulcan Materials sostuvo una postura distinta y calificó la decisión como una expropiación, por lo que anunció acciones legales para defender sus intereses. La compañía mantiene abiertos distintos procesos relacionados con la operación de Calica y busca preservar sus derechos sobre los predios localizados en Quintana Roo.
La empresa también destacó ante sus inversionistas que logró mantener el suministro para sus mercados en el sureste de Estados Unidos mediante alternativas comerciales. Según sus representantes, esta estrategia permitió conservar relaciones con clientes y registrar crecimiento durante los últimos años, a pesar de la suspensión de actividades en la mina mexicana.
El conflicto entre Vulcan Materials y México continúa como un caso relevante dentro de los debates sobre inversión extranjera, protección ambiental y aprovechamiento de recursos naturales, mientras ambas partes mantienen posiciones diferentes sobre el futuro de los terrenos y las actividades que pueden desarrollarse en la zona.