Florida dio un nuevo paso judicial contra el exmandatario cubano Raúl Castro al presentar cargos estatales por su presunta participación en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996 y que dejó cuatro muertos. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la acusación por conspiración para cometer asesinato en primer grado y señaló que las autoridades buscan limitar la capacidad del exdirigente para viajar a países que tengan acuerdos de extradición con Estados Unidos. El caso, que vuelve a poner bajo la lupa uno de los episodios más graves de las relaciones entre Washington y La Habana, se suma a una acusación federal anunciada en mayo.

Según la denuncia estatal, Castro ocupaba entonces los cargos de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba. En esa posición, habría dado la autorización final para atacar las aeronaves, de acuerdo con la investigación. Las autoridades estadounidenses también sostienen que agentes de la inteligencia cubana se infiltraron en Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados asentado en Miami, para obtener información sobre sus planes de vuelo. Los datos recopilados habrían permitido a las fuerzas cubanas localizar los aviones. La Fiscalía de Florida sostiene que estos elementos respaldan los nuevos cargos, aunque las acusaciones deberán someterse al proceso judicial correspondiente.

El derribo ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando tres avionetas Cessna despegaron del aeropuerto de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade. De acuerdo con la denuncia, cazas MiG cubanos destruyeron dos de las aeronaves con misiles aire-aire cuando volaban fuera de las aguas territoriales de Cuba. Sus cuatro ocupantes murieron. Funcionarios estadounidenses señalaron que los aviones se alejaban de la isla y que no recibieron advertencias, pese a que habían establecido contacto con el control de tráfico aéreo de La Habana. La gravedad del episodio convirtió el caso en un punto de fricción entre ambos países y ahora vuelve a cobrar relevancia con la nueva ofensiva judicial en Florida.

El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, respaldó la iniciativa estatal y afirmó que la acusación federal anterior sentó las bases para avanzar con el caso. Sin embargo, todavía no está claro si Castro comparecerá ante un tribunal estadounidense. Uthmeier reconoció que es poco probable que el exmandatario viaje voluntariamente a Miami, aunque defendió la importancia de mantener vigente la orden de arresto. Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó la acusación federal como una maniobra política y acusó a Washington de manipular los hechos para justificar una posible agresión contra Cuba. La Habana, por tanto, rechaza la interpretación estadounidense del caso.

La nueva acusación llega en un momento de fuertes tensiones entre los dos gobiernos. Castro dejó la presidencia en 2018 y abandonó la jefatura del Partido Comunista en 2021, aunque se le atribuye influencia en las decisiones políticas de la isla. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense Donald Trump ha endurecido su discurso contra el Gobierno cubano y ha impulsado medidas que afectan el suministro de combustible, en un contexto marcado por apagones, escasez y dificultades económicas. En ese escenario, el proceso judicial podría aumentar la presión diplomática sobre La Habana, aunque la presentación de cargos no garantiza una detención ni una comparecencia en Estados Unidos. El desenlace dependerá de los avances legales y de las posibilidades de ejecutar la orden.