El gobierno de Mara Lezama y distintos municipios de Quintana Roo entregaron entre 2023 y 2024 más de 150 millones de pesos mediante contratos a cinco empresas que comparten socios, apoderados o domicilios con Tabasco Capital, compañía que la Fiscalía General de la República identificó dentro de una investigación relacionada con una red de contrabando de combustible.
Los contratos abarcaron trabajos de alumbrado público, señalética, parques, canchas, escuelas y distintos proyectos de infraestructura urbana, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. El análisis de documentos oficiales y actas mercantiles permitió identificar coincidencias corporativas entre las empresas contratadas por autoridades quintanarroenses y Tabasco Capital.
Entre las compañías señaladas aparecen Construindustrial y de Servicios SIMMA, Construservicios ESL y AF Instalaciones, cuyos registros corporativos muestran vínculos mediante socios, administradores, apoderados o domicilios compartidos. La coincidencia adquiere relevancia debido a que la FGR incluyó a Tabasco Capital en una investigación sobre operaciones relacionadas con la facturación de combustible obtenido ilícitamente.
Uno de los casos documentados corresponde a SIMMA, empresa que participó en noviembre de 2023 en una licitación convocada por la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo. Durante ese procedimiento, la compañía registró como domicilio una dirección ubicada en San Martín de Porres 111, en Querétaro, inmueble que también aparece relacionado con Tabasco Capital dentro de los documentos corporativos revisados.
Los recursos públicos llegaron a las empresas mediante contratos destinados principalmente a infraestructura y equipamiento urbano, situación que genera cuestionamientos sobre los mecanismos de revisión que utilizaron las autoridades antes de contratar a esas compañías. La documentación disponible permite identificar relaciones corporativas, aunque no demuestra por sí misma que las empresas contratistas hayan participado directamente en las actividades ilícitas investigadas por las autoridades federales.
La investigación sobre Tabasco Capital cobró relevancia después de un cateo realizado el 22 de febrero de 2025 en un inmueble de Querétaro, donde agentes federales aseguraron documentación relacionada con la compañía. De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, la FGR consideró que Tabasco Capital habría servido para facturar combustible obtenido de manera ilícita dentro de una estructura dedicada al contrabando y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Los documentos también registraron transferencias de Tabasco Capital hacia Jacobo Reyes León, a quien las autoridades identificaron como uno de los operadores de la estructura investigada. La relación empresarial adquiere mayor relevancia debido a las declaraciones de Raúl Rocha Cantú ante la FGR, quien obtuvo posteriormente la calidad de testigo protegido dentro de la investigación federal.
Rocha Cantú reconoció ante la Fiscalía su participación en operaciones de contrabando de combustible y señaló a Reyes León como uno de los principales responsables de la organización investigada. En su declaración también mencionó que la estructura utilizaba facturas expedidas por Tabasco Capital y otras compañías, según la información difundida sobre las actuaciones de la autoridad federal.
Los más de 150 millones de pesos asignados durante 2023 y 2024 provinieron tanto del gobierno estatal como de municipios de Quintana Roo, de acuerdo con la investigación periodística. Las obras contratadas abarcaron distintos proyectos de infraestructura pública, por lo que la revisión de los antecedentes corporativos de las compañías adquiere especial importancia ante las conexiones detectadas en registros mercantiles y expedientes oficiales.
La información disponible no señala que el gobierno de Quintana Roo, los municipios involucrados o los funcionarios responsables hayan participado en las actividades ilícitas investigadas por la FGR. Tampoco establece que los recursos de los contratos públicos hayan financiado la estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos. El vínculo documentado se limita a las relaciones corporativas encontradas entre las empresas contratistas y Tabasco Capital.
El caso abre cuestionamientos sobre los procesos de contratación pública y los mecanismos utilizados para verificar la estructura corporativa y los antecedentes de las compañías que reciben recursos gubernamentales. Las coincidencias entre socios, representantes y domicilios muestran la importancia de fortalecer las revisiones previas a la asignación de contratos, particularmente cuando las empresas aparecen relacionadas con compañías bajo investigación federal.