Estados Unidos abrió una discusión inédita después de que el Pentágono anunciara planes para transmitir por internet la ejecución de Nidal Malik Hasan, exmayor del Ejército condenado por matar a 13 personas en Fort Hood, Texas, en 2009. La ejecución en vivo en EU está programada para el 3 de diciembre y se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento en la misma base militar donde ocurrió el ataque. Aunque el Departamento de Defensa confirmó inicialmente que habría una transmisión pública, el presidente Donald Trump aseguró posteriormente que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre permitirla. La propuesta ya enfrenta rechazo de legisladores republicanos y demócratas, organizaciones religiosas y organismos internacionales.
Hasan fue declarado culpable en 2013 por 13 asesinatos premeditados y decenas de intentos de asesinato durante el tiroteo ocurrido el 5 de noviembre de 2009. Trump ya autorizó que la ejecución se realice mediante fusilamiento, algo que requiere aprobación presidencial dentro del sistema de justicia militar. Si se concreta, Hasan se convertiría en la primera persona ejecutada por un pelotón militar estadounidense desde 1945 y en el primer integrante de las Fuerzas Armadas ejecutado por cualquier método desde 1961. Lo extraordinario del caso, sin embargo, está en la posible transmisión: expertos citados por Reuters señalan que una ejecución legal nunca ha sido televisada o transmitida en directo en Estados Unidos.
DEL CASTIGO A LA TRANSMISIÓN PÚBLICA
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha defendido que la ejecución en vivo en EU permita al público observar las consecuencias de crímenes como el cometido por Hasan. Incluso planteó realizarla aproximadamente a la misma hora y en el mismo lugar donde ocurrió la masacre. Sin embargo, esa intención provocó críticas dentro del propio Partido Republicano. El senador John Curtis advirtió que una sociedad puede deteriorarse cuando desarrolla interés en las ejecuciones como entretenimiento, mientras Thom Tillis y otros congresistas cuestionaron que Estados Unidos adopte prácticas asociadas con ejecuciones públicas en países autoritarios. El vicepresidente JD Vance también expresó dudas y adelantó que, en caso de transmitirse, no la vería.
La discusión incluye además una contradicción legal. Las ejecuciones dentro del sistema penitenciario federal estadounidense no pueden ser grabadas ni transmitidas, pero las normas militares no contienen actualmente una prohibición equivalente. Las reglas del Ejército sí señalan que menores de 18 años no pueden presenciar una ejecución, lo que genera una pregunta difícil para una emisión por internet: ¿cómo impedir que niños y adolescentes accedan posteriormente al video? Especialistas en justicia militar advierten que todavía no existe una respuesta clara sobre si una transmisión digital podría considerarse jurídicamente equivalente a “presenciar” la ejecución.
¿TRANSPARENCIA O ESPECTÁCULO?
Quienes defienden la idea pueden argumentar que mostrar el procedimiento hace más transparente una decisión extrema del Estado. Sin embargo, buena parte de las críticas se concentran precisamente en lo contrario: el riesgo de transformar una sentencia judicial en contenido para consumo masivo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostuvo que las ejecuciones públicas constituyen un trato cruel, inhumano o degradante. Líderes católicos y evangélicos estadounidenses también rechazaron la transmisión. Este sábado, el papa León volvió a condenar la pena de muerte y señaló que la justicia puede alcanzarse sin recurrir a la ejecución de una persona.
Otro argumento surgido dentro de Estados Unidos apunta a la seguridad. Joe Kent, exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo durante la administración Trump, advirtió que una transmisión podría terminar convertida en propaganda para organizaciones extremistas. Algunos legisladores también temen que imágenes de una ejecución militar estadounidense sean reutilizadas fuera del país para alimentar narrativas de reclutamiento o represalias. El debate, por tanto, ya no gira exclusivamente alrededor de si Hasan debe ser ejecutado —Trump ha respaldado públicamente la sentencia— sino sobre si el Estado debe convertir ese momento en una imagen disponible para prácticamente cualquier persona conectada a internet.
LA ÚLTIMA EJECUCIÓN PÚBLICA FUE HACE 90 AÑOS
Estados Unidos tiene una larga historia con la pena capital, pero las ejecuciones públicas desaparecieron prácticamente del país durante el siglo XX. La última ejecución legal realizada ante una multitud ocurrió en Kentucky en 1936. Desde entonces, los procedimientos se trasladaron a espacios cerrados con acceso restringido a familiares, funcionarios, abogados y periodistas. Una transmisión digital rompería esa separación casi nueve décadas después, con una diferencia evidente: una multitud física tiene límites; un video en internet puede copiarse, almacenarse y difundirse indefinidamente.
Por ahora, la ejecución de Hasan continúa programada para el 3 de diciembre, mientras la transmisión permanece bajo discusión. Trump ha respaldado el fusilamiento, pero hasta este 10 de octubre afirma que todavía debe decidir si autorizará la emisión pública. La polémica deja una cuestión que va más allá de un solo condenado: ¿la transparencia de la justicia exige que el público pueda observar cómo el Estado mata a una persona, o existe un punto donde la rendición de cuentas termina y comienza el espectáculo? Esa será la discusión que Estados Unidos tendrá que resolver antes de diciembre.