La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, propone que ciertos robos sin violencia, daños materiales menores y conflictos familiares se resuelvan mediante la justicia cívica, sin necesidad de iniciar una investigación penal en todos los casos. La iniciativa busca desahogar a la Fiscalía capitalina y ofrecer alternativas como la mediación, las audiencias orales y la reparación del daño. Sin embargo, el proyecto enfrenta un obstáculo importante: los 70 juzgados cívicos de la capital necesitan mejoras en sus instalaciones y más personal para asumir las nuevas funciones. La justicia cívica en CDMX podría cambiar la atención de conflictos cotidianos, aunque su aplicación dependerá de la capacidad operativa y presupuestal del gobierno.

Brugada presentó la propuesta de reforma a la Ley de Cultura Cívica ante el Congreso capitalino durante su segundo informe de gobierno. Según explicó, el proyecto tomó casi un año de análisis en el Gabinete de Construcción de Paz y contempla nuevos procedimientos para atender faltas y disputas que actualmente pueden llegar a instancias penales. No obstante, la mandataria reconoció que algunos juzgados carecen incluso de espacios adecuados para realizar las audiencias públicas previstas en la iniciativa. Por ello, anunció que su administración comenzará a rehabilitar los inmuebles en 2027, con prioridad para los que presenten mayores deficiencias. Hasta ahora, el gobierno no ha precisado cuánto costarán las obras ni cuántos trabajadores deberá contratar.

La justicia cívica en CDMX permitiría atender determinados robos sin violencia, sin reincidencia ni agravantes, cuando el valor de los bienes sea inferior a 5 mil 800 pesos. También incluiría daños a bienes muebles e inmuebles de hasta 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), como algunas afectaciones derivadas de accidentes de tránsito o daños a viviendas. La fiscal general capitalina, Bertha Alcalde Luján, señaló que el esquema podría abarcar el llamado fardeo, que consiste en sustraer mercancía de una tienda sin pagarla. En estos casos, las personas afectadas podrían buscar la devolución de los productos o la reparación del daño mediante un procedimiento cívico, sin recurrir necesariamente a una investigación penal.

La iniciativa no eliminaría la posibilidad de denunciar los hechos ante el Ministerio Público. Brugada explicó que las víctimas podrán elegir entre la vía penal y la cívica, según las circunstancias del caso. Además, la propuesta contempla atender agresiones físicas o verbales y golpes que no causen lesiones entre familiares colaterales hasta el cuarto grado de parentesco, como primos y cuñados. La Fiscalía sostiene que estas alternativas ayudarían a reducir la carga de trabajo y permitirían concentrar recursos en delitos graves. Sin embargo, Alcalde Luján no presentó una cifra sobre las investigaciones que podrían canalizarse al nuevo modelo. Esa falta de datos dificulta medir cuánto disminuiría el trabajo ministerial y qué capacidad necesitarán los juzgados para recibir los casos.

Otro componente central de la reforma consiste en sustituir algunos procedimientos actuales por audiencias públicas y orales. En ellas, los jueces escucharían a las partes, revisarían la legalidad de las detenciones y determinarían las sanciones correspondientes. Además de multas, arrestos y trabajo comunitario, el proyecto contempla atención psicológica, tratamientos contra las adicciones y talleres educativos para prevenir que las personas reincidan. La administración también plantea crear los Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios, conocidos como Calpullis de Paz, en espacios como las Utopías y los PILARES. Estos centros buscarían resolver disputas vecinales mediante la mediación, con la intención de intervenir antes de que los desacuerdos escalen a situaciones de mayor gravedad.

En materia de seguridad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, anunció que la policía elaborará un catálogo de faltas prioritarias para orientar las intervenciones de sus agentes. La lista incluirá riñas, intimidaciones, consumo de alcohol y otras sustancias en espacios públicos, maltrato animal y conductas relacionadas con franeleros. Sin embargo, la puesta en marcha del modelo también exigirá resolver problemas de infraestructura, ampliar las plantillas y reforzar la disponibilidad de médicos legistas. La consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, confirmó que los 70 juzgados cívicos requerirán adecuaciones, incluso arquitectónicas. Aunque Brugada planteó asumir esa responsabilidad mediante acuerdos con las alcaldías, todavía falta definir el presupuesto y los plazos. El reto será convertir la reforma legal en un sistema accesible y eficaz, sin debilitar la protección de las víctimas.