La Cámara de Diputados dio un paso para combatir la corrupción deportiva en México, luego de que la Comisión del Deporte aprobara por unanimidad de los presentes un dictamen que propone castigar penalmente el amaño de partidos y la manipulación de competencias profesionales. La iniciativa contempla penas de dos a 12 años de prisión, además de multas económicas en determinados casos. La decisión reactiva una propuesta que permaneció 18 meses sin avanzar desde su presentación en abril de 2025. Ahora, el proyecto deberá llegar al pleno para su discusión, donde los legisladores determinarán si el país incorpora nuevas herramientas legales para enfrentar prácticas que afectan la credibilidad y la integridad de las competiciones.
La propuesta, impulsada por el diputado de Morena Daniel Andrade Zurutuza, plantea adicionar el artículo 154 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte. El objetivo consiste en sancionar a quienes acepten, reciban, soliciten u ofrezcan beneficios, directamente o mediante terceros, con la intención de alterar el desarrollo o el resultado de una prueba, encuentro, torneo o competición de deporte profesional. De esta manera, el proyecto busca establecer una figura penal específica para conductas que comprometen la legalidad de los resultados deportivos. La Comisión del Deporte, presidida por la raquetbolista Paola Longoria, respaldó el dictamen y destacó la necesidad de proteger el desarrollo libre y legítimo de las competiciones.
El avance contra la corrupción deportiva responde a una laguna que, según el análisis legislativo, existe en el marco jurídico mexicano: la falta de un delito especializado para castigar el amaño de partidos profesionales. Hasta ahora, las autoridades cuentan con disposiciones administrativas y con el artículo 154 de la misma ley, que aborda la violencia en eventos deportivos, pero estas figuras no atienden de manera específica todas las conductas relacionadas con la manipulación de resultados. Además, el proyecto contempla sanciones económicas y penas de prisión de entre dos y 12 años, con consecuencias para quienes ocupen cargos de dirección, administración, empleo o colaboración en instituciones deportivas públicas o privadas, conforme a los supuestos previstos en la iniciativa.
En materia de aplicación de la ley, el dictamen establece que el Ministerio Público y las autoridades judiciales competentes tendrán a su cargo la investigación y persecución de los posibles delitos, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución mexicana. Por ello, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no asumirá atribuciones de investigación penal. Esta distinción busca delimitar las responsabilidades institucionales y evitar confusiones sobre el papel de los organismos deportivos frente a posibles hechos delictivos. Tras la aprobación en comisión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados deberá programar la discusión del proyecto en el pleno, donde los legisladores decidirán si la propuesta continúa su camino para convertirse en ley.
La iniciativa podría representar un cambio importante para el deporte profesional mexicano, especialmente en un contexto donde la confianza del público, la transparencia de las competiciones y la credibilidad de los resultados son fundamentales. Si el Congreso aprueba la reforma, las autoridades contarían con una herramienta penal específica para perseguir conductas dirigidas a alterar los encuentros a cambio de beneficios. Sin embargo, la aprobación en comisión todavía no significa que las sanciones estén vigentes: el proyecto necesita avanzar en el proceso legislativo correspondiente. Su discusión en el pleno será clave para conocer el alcance definitivo de las medidas y determinar cómo se aplicarán frente a deportistas, intermediarios y personas vinculadas con las organizaciones deportivas.