A casi un año de la muerte de Rodrigo Mondragón Terán, aficionado de Cruz Azul, su pareja exige que las autoridades investiguen a todos los presuntos responsables de la agresión que sufrió en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario. El hombre, de 32 años, murió por asfixia por estrangulación el 26 de octubre de 2025, después de que personal de seguridad y Protección Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lo sometiera durante un incidente posterior a un partido de futbol. Aunque cuatro trabajadores universitarios enfrentan un proceso penal por homicidio calificado, la familia reclama avances para identificar a los demás participantes y esclarecer lo ocurrido aquella madrugada.
Rebeca Pérez, pareja de Rodrigo durante 16 años, recuerda que pasó aproximadamente cinco horas buscándolo después de recibir una llamada de uno de sus amigos, cerca de la medianoche. El grupo había acudido al encuentro entre Cruz Azul y Monterrey, correspondiente al torneo Apertura 2025, y permaneció en el estacionamiento mientras disminuía el tráfico. Según los testimonios que ella recopiló, una discusión con los vigilantes derivó en una agresión física contra Rodrigo y sus acompañantes. Después, los empleados universitarios subieron al aficionado a una camioneta, pero nadie le confirmó a Rebeca dónde se encontraba. Durante la búsqueda, recibió versiones contradictorias de distintos trabajadores y policías.
La muerte de Rodrigo Mondragón quedó marcada también por las circunstancias de su búsqueda. Rebeca acudió a instalaciones universitarias, preguntó en dependencias ministeriales y buscó información en hospitales, sin obtener respuestas claras sobre el paradero de su esposo. Incluso recibió indicaciones que la enviaban a otros puntos de la ciudad. Cerca de las cinco de la mañana, entró al estacionamiento del estadio para llamarlo y varios policías la obligaron a salir. Según su testimonio, uno de ellos finalmente le dijo que Rodrigo había muerto y le indicó que acudiera a la alcaldía Tlalpan. Horas después, alrededor de las nueve de la mañana, pudo reconocer el cuerpo y conocer parte de las lesiones que presentaba.
De acuerdo con el acta de defunción citada por la investigación periodística de Proceso, Rodrigo murió a la 1:15 de la madrugada del 26 de octubre por asfixia por estrangulación. El documento ubica el fallecimiento en una dirección de avenida Insurgentes Sur, dentro de Ciudad Universitaria, aunque no precisa el punto exacto. Rebeca relata que el cuerpo tenía numerosos golpes, heridas profundas en el cuello y lesiones en la cabeza. Además, sostiene que varios empleados participaron en la agresión y que algunos utilizaron objetos para golpearlo. Videos difundidos en redes sociales muestran a numerosos uniformados alrededor de un hombre sometido junto a una camioneta blanca. Sin embargo, las responsabilidades individuales deberán determinarse mediante la investigación judicial.
La primera versión difundida por la UNAM señaló que Rodrigo, presuntamente bajo los efectos del alcohol, agredió verbal y físicamente al personal que intentaba desalojar el estacionamiento. Según ese comunicado, los trabajadores lo sometieron para entregarlo a las autoridades y solicitaron atención médica cuando se desvaneció durante el traslado. No obstante, Rebeca sostiene que esa explicación no justifica el uso de la fuerza ni la muerte de su esposo. También cuestiona por qué lo trasladaron de la cabina de una camioneta a la parte trasera mientras continuaba la agresión, según los testimonios que ha conocido. La diferencia entre la versión institucional inicial y los señalamientos de la familia hace indispensable esclarecer la secuencia de los hechos.
El 1 de noviembre de 2025, cuatro trabajadores de seguridad de la UNAM quedaron vinculados a proceso por homicidio calificado y en prisión preventiva. Se trata de Noé “N”, Brallan “N”, José Rodrigo “N” y Luis Alberto “N”. Durante la audiencia, sus abogados negaron que sus representados hubieran participado en la golpiza y confirmaron que al menos 20 elementos intervinieron en los hechos. Casi un año después, según la información proporcionada a Rebeca por su asesor jurídico, los cuatro continúan privados de la libertad y el proceso avanza hacia una etapa de análisis de pruebas. Sin embargo, hasta el momento de la entrevista con Proceso, la Fiscalía no había solicitado nuevas órdenes de aprehensión contra otros posibles involucrados.
La controversia también alcanza a los mandos universitarios. Tras el caso, la UNAM destituyó a Gerardo Moisés Loyo Martínez, entonces director de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, y a su superior inmediato, Raúl Arcenio Aguilar Tamayo. Por su parte, la Liga MX informó que el operativo del partido incluyó mil 600 elementos de la Policía Auxiliar, 189 integrantes de seguridad universitaria, personal privado y 60 miembros de Protección Civil. Pese a ese despliegue, la reunión de seguridad posterior al encuentro no reportó incidentes, según el organismo. La UNAM afirmó que entregó a la Fiscalía los videos solicitados y aseguró que colaborará con las autoridades. También aclaró que no integra la carpeta de investigación y que corresponde al Ministerio Público determinar si existen más responsables.
Para Rebeca, la exigencia va más allá de obtener una sentencia contra los cuatro trabajadores procesados: quiere que las autoridades identifiquen a todas las personas que participaron y esclarezcan si alguien intentó ocultar información durante las horas en que buscó a su esposo. Su testimonio pone sobre la mesa cuestiones fundamentales sobre el uso de la fuerza, la actuación de los cuerpos de seguridad y la obligación de las instituciones de colaborar con las investigaciones. Mientras la Fiscalía reúne pruebas, el caso de Rodrigo Mondragón sigue siendo un llamado a la rendición de cuentas. La respuesta judicial no solo determinará responsabilidades individuales, sino que también influirá en la confianza pública en los protocolos de seguridad de una de las principales universidades del país.