La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa continúa generando cuestionamientos sobre el papel de las instituciones de seguridad y el acceso a información militar. Una investigación publicada por Proceso señala que, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta la administración de Andrés Manuel López Obrador, persistieron dificultades para esclarecer completamente la actuación del Ejército durante los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

El caso comenzó durante el gobierno de Peña Nieto, cuando las autoridades federales construyeron la llamada “verdad histórica”. Con el paso de los años, distintas investigaciones cuestionaron varios elementos de esa versión y señalaron inconsistencias en la forma en que fueron obtenidos y presentados algunos datos.

Durante el gobierno de López Obrador se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. También se impulsaron nuevas investigaciones para establecer qué ocurrió con los estudiantes y determinar las responsabilidades de autoridades y particulares.

En ese proceso aparecieron señalamientos relacionados con integrantes de las Fuerzas Armadas. La Comisión para la Verdad reportó que existían elementos militares identificados dentro de las investigaciones. También señaló posibles vínculos entre integrantes del Ejército y los acontecimientos ocurridos aquella noche.

Sin embargo, el acceso a documentos militares se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre las autoridades, las familias de los estudiantes y los investigadores. En marzo de 2026, un juez federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar documentación relacionada con archivos generados en 2014 por estructuras de inteligencia militar. La resolución contempló cientos de folios que los familiares habían solicitado para contribuir al esclarecimiento del caso.

La discusión volvió a tomar fuerza en 2026 después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera una nueva recomendación sobre Ayotzinapa. De acuerdo con la información publicada por El País, el documento de la CNDH sostuvo que no existen pruebas directas para acreditar que la Secretaría de la Defensa Nacional o el 27 Batallón de Infantería hayan diseñado, ordenado o ejecutado un plan para desaparecer a los estudiantes.

Esta postura contrasta con investigaciones anteriores y con los señalamientos realizados por la Comisión para la Verdad durante el gobierno de López Obrador. En su segundo informe, la comisión indicó que había identificado a 39 integrantes de las Fuerzas Armadas dentro de sus investigaciones y que 22 estaban relacionados con el 27 Batallón de Infantería.

El debate no se limita a establecer responsabilidades individuales. También involucra el acceso a información que permanece bajo resguardo militar y la forma en que las instituciones han respondido a las solicitudes de las familias.

A casi 12 años de la desaparición de los estudiantes, el caso Ayotzinapa continúa abierto y mantiene como uno de sus principales pendientes conocer qué ocurrió con los normalistas y determinar las responsabilidades correspondientes. La discusión sobre los documentos militares y las distintas investigaciones refleja que todavía existen versiones y conclusiones que permanecen en disputa.