La Fiscalía General de la República dio uno de los golpes judiciales más relevantes en el caso Ayotzinapa al detener este jueves al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en Tepotzotlán, Estado de México, para posteriormente trasladarlo al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez. La captura se realizó mediante una orden de aprehensión emitida por un juez federal. La autoridad lo acusa de desaparición forzada y de delitos contra la administración de justicia, al considerar que presuntamente ordenó destruir videos que podían convertirse en pruebas fundamentales sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. La detención de Aguirre coloca nuevamente el caso en el centro del debate nacional.
LA ACUSACIÓN APUNTA AL OCULTAMIENTO DE PRUEBAS
Según explicó la Fiscalía, la investigación tomó un nuevo rumbo después de un reanálisis de las evidencias realizado por la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa. A partir de ese trabajo surgieron testimonios que señalan al exmandatario como quien habría instruido a funcionarios de alto nivel para desaparecer las grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Esas cámaras registraban el momento en que policías municipales y estatales interceptaron uno de los autobuses donde viajaban los normalistas. Si la acusación se sostiene durante el proceso penal, el expediente dejaría de centrarse únicamente en quienes ejecutaron los hechos y avanzaría hacia quienes, presuntamente, participaron en el encubrimiento institucional.
CASI DOCE AÑOS DESPUÉS, LA INVESTIGACIÓN SUBE DE NIVEL
La detención de Aguirre reabre el análisis sobre la responsabilidad política que existió durante una de las mayores crisis de derechos humanos en México. Durante el mandato de Aguirre Rivero ocurrieron episodios de violencia contra estudiantes y organizaciones sociales que ya habían generado fuertes críticas. Sin embargo, fue la desaparición de los 43 normalistas la que provocó su salida del gobierno en octubre de 2014. Durante años, diversos sectores cuestionaron que las investigaciones avanzaran lentamente hacia los niveles superiores de decisión. La captura rompe parcialmente esa percepción y envía un mensaje de que las nuevas líneas de investigación buscan revisar actuaciones que permanecieron sin consecuencias penales durante más de una década.
EL RETO SERÁ PROBAR LAS ACUSACIONES
Tras ser ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, Aguirre fue sometido a revisión médica y quedó bajo resguardo mientras se desarrolla la audiencia inicial. A partir de este momento comenzará una etapa decisiva para determinar si la Fiscalía cuenta con pruebas suficientes para sostener las imputaciones. El caso también vuelve a colocar a Ayotzinapa en el centro de la agenda pública, cuando está por cumplirse el duodécimo aniversario de la desaparición de los estudiantes. La exigencia de verdad permanece intacta y este proceso será observado tanto por las familias de las víctimas como por organismos nacionales e internacionales que durante años han exigido esclarecer completamente los hechos.