La creciente presión de Estados Unidos contra las organizaciones criminales mexicanas podría generar más casos de narcolavado en México, especialmente entre empresas que mantienen vínculos comerciales, financieros o logísticos con ese país. La firma Holland & Knight advierte que el marco legal mexicano todavía resulta insuficiente para enfrentar una supervisión estadounidense cada vez más amplia, que ya alcanza actividades como la producción de tequila, la agricultura, los combustibles y los servicios logísticos. El punto central, señala el análisis, no está en pertenecer a una industria considerada riesgosa, sino en desconocer quién se encuentra detrás de una operación, cuál es el origen de los recursos y qué personas o empresas participan en la cadena comercial.

El endurecimiento de los controles en Estados Unidos tomó mayor relevancia desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la designación de grupos del narcotráfico mexicano como organizaciones terroristas. En este contexto, Washington amplió el escrutinio sobre compañías que podrían tener vínculos directos o indirectos con organizaciones criminales. Un ejemplo ocurrió el 23 de julio de 2026, cuando el Departamento del Tesoro sancionó a más de 50 personas y entidades relacionadas con sectores como tequila, agricultura, gasolineras, seguridad privada y logística. Para las empresas mexicanas con operaciones, clientes, proveedores o financiamiento en Estados Unidos, una relación comercial aparentemente normal puede representar riesgos legales y financieros si las autoridades detectan conexiones sospechosas.

La advertencia sobre narcolavado en México adquiere relevancia porque una empresa puede cumplir con las normas nacionales y, aun así, enfrentar consecuencias en Estados Unidos cuando mantiene algún punto de contacto con ese mercado. Holland & Knight considera que herramientas como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las disposiciones fiscales, las revisiones del SAT y el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación no bastan por sí solas para cubrir esa exposición internacional. El desafío, por tanto, no consiste únicamente en revisar documentos fiscales, sino en identificar al beneficiario final, verificar el origen de los pagos y detectar inconsistencias antes de que una relación comercial termine involucrando a terceros sancionados.

Entre los sectores que podrían enfrentar mayor vigilancia aparecen los agronegocios y la exportación agrícola, las bebidas alcohólicas, los combustibles, la construcción, los bienes raíces, la minería, el transporte, la manufactura, el entretenimiento y la seguridad privada. Sin embargo, el riesgo puede encontrarse fuera de la contraparte principal: distribuidores, agentes, transportistas, subcontratistas, arrendadores e intermediarios también pueden formar parte de una operación cuestionada. Por ello, la principal implicación para las compañías mexicanas será fortalecer sus procesos de debida diligencia y conocer mejor a quienes integran sus cadenas comerciales. La presión estadounidense podría elevar los costos de cumplimiento, pero también obligar a las empresas a cerrar espacios que durante años facilitaron la entrada de recursos ilícitos al circuito formal.