Cuatro trabajadores han muerto mientras realizaban labores de limpieza urbana o eran trasladados para cumplirlas, en un esquema que combina programas sociales y empresas tercerizadas bajo la coordinación de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México. La limpia urbana en CDMX quedó en el centro de los cuestionamientos debido a las condiciones en que operan las cuadrillas: trabajadores sin reconocimiento laboral, seguridad social ni prestaciones, pero sujetos a jornadas extendidas y tareas de riesgo. Los testimonios recabados señalan además problemas con los equipos de protección y el traslado del personal, lo que plantea dudas sobre la responsabilidad de las autoridades frente a quienes realizan servicios esenciales para la capital.

El esquema tomó fuerza después de que Jax Group despidiera a 415 trabajadores el 2 de enero de 2025 y atribuyera la decisión al gobierno capitalino. En lugar de incorporarlos como empleados, la administración de Clara Brugada les ofreció participar en un programa social que comenzó bajo el nombre Reverdeciendo la Capital y que actualmente opera como Transformando la Capital: Servicios Públicos Cercanos a la Gente. Para 2026, sus reglas contemplan seis mil 329 participantes y un presupuesto de casi 494 millones de pesos. Sin embargo, la Carta Compromiso que deben firmar establece que su participación no genera una relación laboral con la Sobse. Además, el cumplimiento de las tareas condiciona su permanencia en el programa.

Las condiciones descritas por trabajadores adquieren mayor gravedad cuando se observan los accidentes registrados. La limpia urbana en CDMX dejó al descubierto riesgos que van desde la falta de visibilidad durante operativos nocturnos hasta el traslado de cuadrillas dentro de las cajas de camiones, junto con herramientas. Dos trabajadores murieron y 11 resultaron lesionados en un accidente ocurrido el 17 de marzo de 2026, cuando un camión con 15 personas chocó contra un árbol en la lateral del Anillo Periférico, en Tlalpan. Cinco meses después, otro vehículo oficial volcó en Periférico Sur y dejó a 19 trabajadores policontundidos. En ambos casos, los conductores quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar responsabilidades.

Los testimonios también documentan dos atropellamientos ocurridos en 2025 durante labores sobre vialidades de alta circulación. Mariana Ascensión Quiroz, exempleada de Jax Group y posteriormente participante del programa, señaló que las cuadrillas comenzaron a utilizar uniformes guinda que dificultaban su visibilidad durante los operativos nocturnos. Jacqueline Viviana Ortega Porras, de 24 años, y Mauricio Castruita, de 46, murieron atropellados mientras trabajaban. Tras advertir públicamente sobre el riesgo, Ascensión aseguró que la Sobse entregó chalecos amarillos reflejantes 15 días después de su reclamo. Para entonces, las dos víctimas ya habían perdido la vida. El caso evidencia cómo una medida básica de seguridad puede llegar después de que un riesgo ya produjo consecuencias irreparables.

El problema trasciende las condiciones de un programa específico porque plantea una discusión sobre la frontera entre un apoyo social y una relación de trabajo. Si una dependencia asigna tareas, establece horarios, supervisa actividades y puede retirar a una persona por incumplirlas, resulta relevante examinar qué obligaciones conserva el Estado frente a quienes ejecutan esas labores. La ausencia de prestaciones y seguridad social también deja a los trabajadores y sus familias en una posición vulnerable ante accidentes o fallecimientos. En este contexto, los cuatro decesos y los accidentes registrados en 2026 colocan la seguridad de las cuadrillas como un asunto que no puede reducirse a responsabilidades individuales de los conductores. El debate apunta directamente al modelo con el que la capital organiza servicios públicos esenciales.