La Secretaría de Educación Pública (SEP) prepara un acuerdo nacional para establecer criterios sobre el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales dentro de las escuelas del país. La propuesta busca ordenar su presencia en las aulas sin plantear, por ahora, una prohibición general. El titular de la dependencia, Mario Delgado, explicó que las reglas considerarían las necesidades de cada nivel educativo y darían prioridad a reducir los riesgos asociados con el uso excesivo de pantallas. En este contexto, uso de celulares se convierte en un tema central para las comunidades escolares, debido a la frecuencia con la que niñas, niños y adolescentes utilizan estos dispositivos para comunicarse, entretenerse y acceder a información.

 

La propuesta plantea diferencias según la edad y el nivel educativo. En primaria y secundaria, la SEP contempla establecer mayores restricciones, mientras que en Educación Media Superior los planteles contarían con un margen más amplio para definir sus propias reglas. Esta diferencia parte de la necesidad de adaptar las medidas a las características de cada grupo de estudiantes y al contexto de cada escuela. Además, la discusión considera que el celular puede afectar la concentración cuando se utiliza sin criterios claros durante las actividades académicas. Sin embargo, también puede funcionar como una herramienta de aprendizaje si docentes y autoridades establecen condiciones adecuadas para aprovechar sus recursos sin permitir que interfiera con la dinámica del aula.

 

La discusión sobre el uso de celulares también responde a una preocupación más amplia por el tiempo que las nuevas generaciones pasan frente a las pantallas. Delgado ha señalado posibles afectaciones relacionadas con el uso excesivo o inadecuado de estos dispositivos, además de riesgos vinculados con la circulación de información falsa, los discursos de odio y otros contenidos presentes en plataformas digitales. Por otro lado, la SEP construye el acuerdo con la participación de autoridades educativas de distintas entidades, por lo que todavía no existe una prohibición nacional definitiva. El proceso busca establecer criterios comunes que permitan a las escuelas actuar con mayor claridad y, al mismo tiempo, considerar las particularidades de sus comunidades.

 

El alcance de la medida dependerá en buena parte de cómo se traduzcan esos criterios generales en reglas dentro de cada plantel. Una regulación demasiado rígida podría limitar usos educativos del teléfono, mientras que normas poco claras podrían mantener los problemas de distracción y exposición a contenidos inapropiados. Por ello, el reto de la SEP no consiste únicamente en decidir cuándo permitir o restringir los dispositivos, sino en definir cómo pueden convivir con el aprendizaje y la convivencia escolar. En este contexto, el acuerdo podría generar un nuevo punto de referencia para docentes, estudiantes y familias, especialmente en una etapa en la que el celular ya forma parte habitual de la vida cotidiana y del acceso a información.