La estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum ha reducido de manera importante el número de militares desplegados de forma permanente en las calles, en contraste con el crecimiento que tuvo la presencia de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La información difundida este 11 de agosto de 2026 señala que alrededor de 66 mil soldados que anteriormente participaban en tareas de seguridad pública han regresado a los cuarteles, mientras el gobierno federal concentra sus operaciones en zonas consideradas prioritarias. Este cambio representa una modificación en la forma de atender la violencia y coloca nuevamente a las instituciones civiles en una posición más relevante dentro de la política de seguridad nacional. El movimiento ocurre mientras Sinaloa y Michoacán mantienen una atención especial por sus problemas de violencia y crimen organizado.

Durante el sexenio de López Obrador, el despliegue de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina alcanzó niveles históricamente altos para atender tareas de seguridad pública. En marzo de 2023, por ejemplo, el propio gobierno reportaba cerca de 99 mil 699 efectivos del Ejército, además de 106 mil 155 integrantes de la Guardia Nacional y 45 mil elementos de la Marina dentro de las fuerzas operativas consideradas para esas labores. Con Sheinbaum, la estrategia ha buscado priorizar la inteligencia, la coordinación institucional y operaciones focalizadas, en lugar de mantener una presencia militar masiva en todo el territorio. La presidenta ha defendido que cada entidad requiere una estrategia distinta, debido a que las organizaciones criminales operan de manera regional y no respetan fronteras estatales.

El cambio no significa que las Fuerzas Armadas hayan abandonado las labores de seguridad. Por el contrario, el gobierno mantiene efectivos en regiones donde la violencia representa una amenaza mayor y refuerza determinadas operaciones cuando las circunstancias lo requieren. La presencia militar en México continúa siendo especialmente visible en Sinaloa, donde las autoridades han concentrado esfuerzos para enfrentar la disputa entre facciones criminales, y en Michoacán, donde persisten problemas relacionados con extorsión y actividades de grupos delictivos. En diciembre de 2024, el gobierno reportó que 66 mil 982 elementos del Ejército y 83 mil 326 de la Guardia Nacional mantenían un despliegue permanente en el país; además, señaló que 138 mil 187 efectivos de ambas instituciones estaban destinados específicamente a reducir la violencia.

La diferencia principal está, por tanto, en cómo se distribuyen los recursos y dónde se concentra la fuerza. En lugar de mantener contingentes militares de gran tamaño desplegados de manera generalizada, la administración de Sheinbaum ha optado por operaciones focalizadas y por reforzar zonas que presentan mayores niveles de violencia. Sinaloa se convirtió desde los primeros meses del gobierno en uno de los principales puntos de atención debido a la confrontación entre grupos delictivos, mientras Michoacán ha requerido acciones específicas para combatir la extorsión que afecta a productores y comerciantes. Además, el gobierno ha informado de detenciones, aseguramientos de armas y drogas y desmantelamiento de laboratorios clandestinos como parte de una estrategia que combina inteligencia, fuerzas federales y coordinación con autoridades estatales.

El repliegue de miles de soldados hacia los cuarteles puede tener consecuencias relevantes para la política de seguridad mexicana. Por un lado, podría reducir la dependencia de las Fuerzas Armadas para realizar tareas que tradicionalmente corresponden a corporaciones civiles; por otro, plantea el desafío de mantener la capacidad de respuesta frente a grupos criminales que conservan una fuerte presencia territorial. En este contexto, el éxito de la estrategia dependerá no solamente de cuántos elementos permanezcan en las calles, sino de la capacidad de las instituciones para utilizar inteligencia, investigación y coordinación para contener la violencia. La medida marca una diferencia frente al modelo de despliegue masivo impulsado durante el sexenio anterior, aunque la participación militar continúa siendo un componente central de la seguridad nacional.